martes, 30 de abril de 2013

Anuario de Relaciones Laborales, 2013

Se publica por cuarto año el Anuario de Relaciones Laborales que elabora, coordina y edita la Unión General de Trabajadores.



En este año, se recoge la aplicación de la contrarreforma laboral, del RDL 3/2012, consolidada en la Ley 3/2012, en el que no se han visto florecer ningún tipo de brotes, ni verdes ni de otro color, en materia de empleo y condiciones de trabajo, sino más bien todo lo contrario. El volumen de empleo a escala estatal ha experimentado en el pasado año 2012 uno de los descensos anuales más acusados que conoce nuestra historia laboral estadísticamente documentada. 

Y, adicionalmente, se produce una intensa devaluación de los salarios, a partir de la entrada en vigor efectiva de la reforma, es decir del tercer trimestre de 2012. La tendencia descendente de los salarios reales, que ya venían moderándose desde 2009, moviéndose en una franja de crecimiento real inferior al 1 por ciento, se acelera de forma intensa para alcanzar una caída del 4 por ciento en el último trimestre de aquel año. 

El diagnóstico de los problemas del mercado de trabajo español en el que se apoya el discurso reformista en el campo de la legislación laboral, que atribuye su “ineficiencia” a una pretendida gran rigidez del mismo a causa de la “excesiva regulación” a la que está sometido y a una elevada rigidez salarial, parece que estaba bastante errado. Según tal diagnóstico la tasa de paro “natural”, derivada de tales rigideces, alcanzaría nivel muy altos y la solución, de hacer caso a esta hipótesis, pasaría por una profunda reforma laboral, en línea con las tres llevadas a cabo en los últimos tres años por gobiernos de diferente color político. Reformas laborales orientadas a desregular el mercado laboral, flexibilizando así su funcionamiento y a reducir sustancialmente los costes laborales absolutos en los que incurren las empresas españolas. 

Y es que los fundamentos teóricos en los que se han apoyado las diferentes reformas laborales habidas en las tres últimas décadas, pero de manera destacada la de 2012, suponen un profundo error de interpretación del mundo de las relaciones económicas, al concebir la competitividad entre las empresas como un problema de costes siendo así que la realidad pone de manifiesto que la mejora de competitividad ha de buscarse, básicamente y de forma duradera, a través del avance en materia de calidad y productividad (Ruesga et al., 2013).

(Aquí se puede consultar el índice del Anuario).

viernes, 26 de abril de 2013

6.202.700 parados. ¿Hasta cuándo?

Las cifras de la Encuesta de Población Activa (INE) del primer trimestre del año arrojan una tasa de paro nunca vista antes en nuestro país, un 27,2 por ciento. Ya son más de 6 millones los desempleados que buscan un puesto de trabajo, ¿hasta cuándo seguirán las políticas centrando sus objetivos en reducir el déficit y la deuda pública? 

Fuente: Encuesta de Población Activa (Instituto Nacional de Estadística).
Profundizar en las reformas estructurales que facilitan aún más la destrucción de empleo y en ningún caso favorecen la creación de nuevos puestos de trabajo es lo que piden desde Bruselas. ¿Es que no sirve de nada el debate surgido por los "errores" del documento de Reinhart y Rogoff? (como señalan Dean Baker, por ejemplo, o Paul Krugman, o en la buena recopilación hecha por Economía en dos tardes).

¿Seguro que son esas las políticas que necesitamos? Priorizar el crecimiento económico y la creación de empleo debería ser el objetivo fundamental y primordial de todas las políticas que se implementen en los próximos años. Sólo así se logrará ajustar el resto de desequilibrios macroeconómicos.

jueves, 25 de abril de 2013

El papel de la economía sumergida en la crisis

Santos M. Ruesga, artículo publicado en la Revista Ejecutivos (nº240, marzo de 2013)

Un tema recurrente en toda crisis que se precie, consiste en acudir al refugio de la economía sumergida como factor explicativo de la escasa conflictividad social que se registra en tiempos de espectacular incremento del desempleo y ascenso de las cifras de pobreza y exclusión social. Cabría esperar que en este contexto y en ausencia de recursos públicos que palíen los efectos de la pérdida de renta disponible para un colectivo más numeroso y creciente con el paso del tiempo, los índices de conflicto social, en sus diferentes manifestaciones –desde la delincuencia, con diversos perfiles, hasta enfrentamientos sociales y laborales- experimentaran una elevación importante. 

Cuando se constata que no ocurre así, al menos no en todos los sitios y lugares, se suele recurrir, sobre todo en el mundo mediático e incluso en el político, al típico tópico del crecimiento de la economía sumergida como factor explicativo de dicha calma social en tiempos revueltos. Se afirma que el crecimiento de la economía sumergida estaría paliando el fuerte descenso de la renta disponible de las familias, derivado del ascenso del desempleo en un marco de continua caída del PIB. 

Para tratar de interpretar este aserto y poder analizarlo, con el fin de llegar a alguna conclusión sobre su verosimilitud, conviene establecer algunas premisas previas sobre el fenómeno en cuestión que nos permitan, en ausencia de información estadística veraz sobre el mismo, proceder a su contrastación empírica y llegar a diseñar algunas conjeturas racionales que confirmen o rechacen esta hipótesis, como decimos muy popular, sobre el carácter anticíclico de la economía sumergida, que se expandiría, en términos relativos, en periodos de depresión y se contraería, también relativamente, en las fases alcistas del ciclo económico, siempre en términos relativos. 

Como se ha justificado en múltiples ocasiones por la literatura especializada, la expansión de la economía sumergida -dentro del conjunto de la economía nacional de un país- produce en el orden macroeconómico, graves perturbaciones al sistema provocando, entre otros, un mayor riesgo de que las decisiones que se adopten en materia de Política Económica no alcancen los objetivos deseados y agravando la propensión al Déficit Público, dado el incumplimiento generalizado de las obligaciones de pago de impuestos y de cuotas de Seguridad Social que caracteriza el fenómeno en cuestión. 

Adicionalmente y, en el orden de la conciencia social colectiva, suscita fenómenos de insolidaridad, y de competencia desleal frente a la economía regular, que en base a la mayor presión fiscal derivada en el sistema, puede acabar induciendo a que sean cada vez más los sujetos productores que se vean tentados a dar el paso desde la economía regular a la sumergida (debilitándose los factores de orden moral que mantienen trabado el tejido social). 

El análisis de los costes y beneficios que se derivan de la situación de irregularidad para los agentes económicos que la practican, así como otras consideraciones de orden macroeconómico, no permiten emitir un veredicto claro y consistente sobre la relación cíclica entre la actividad regular y la informal, aunque nuestras propias conclusiones y la literatura económica especializada apuntan hacia una relación negativa entre ambos sectores de un sistema económico dual; relación, no obstante, empíricamente variable según los contextos regulatorios, culturales y productivos de cada país. 

Lo que sí parece estar más claro, a la luz del impacto del gasto público sobre el crecimiento económico en fases recesivas y del diferencial de productividad entre actividades regulares e irregulares, es que la economía sumergida no puede (y no lo hace) compensar con su posible expansión los efectos de la caída de la actividad productiva que se derivan, por ejemplo, de la Gran Depresión 2008/2012 que se prolonga temporalmente más allá de esta última fecha (o de otras de similar envergadura). 

No obstante, tal y como es recogido por diversos estudios en la materia, los Poderes Públicos, no pueden olvidar la función de amortiguador -en algunos de los estamentos sociales, fundamentalmente el compuesto por los trabajadores escasamente cualificados- de la economía sumergida ante situaciones de crisis económica con un alto grado de desempleo, al margen de su caracterización final respecto a la evolución del ciclo. 

A pesar de las condiciones de precariedad que suelen caracterizar las relaciones laborales en este tipo de empresas, es cierto que puede paliar situaciones de necesidad de determinados trabajadores y que los mismos han encontrado dentro del marco de la misma un grado de formación y un nivel de capacidad adquisitiva que la economía regular les negaba. 

Es por todo ello, que la economía sumergida, configurado como un fenómeno complejo y dinámico, adaptable a las características económico-sociales existentes en el país en un momento histórico dado, ha de ser abordada por las Administraciones Públicas con medidas dirigidas, en primer lugar, a fomentar y estimular la transición hacia la economía regular (reducir los beneficios de la informalidad y aumentar los de la formalidad) y adicionalmente a desactivar, a través de la efectividad del control y de la aplicación del régimen sancionador correspondiente a las empresas sumergidas, las ventajas de orden objetivo y subjetivo de estar en la "sombra", de modo tal que con todo ello se consiga aumentar los costes relativos de la vertiente irregular del sistema económico y, por el contrario, reducir (también de forma relativa) los del lado regular. Objetivo que no es definible en el terreno de la política económica a cualquier precio, como podrían estar sugiriendo algunas corrientes liberales del pensamiento económico, con enfoques orientados a “reducir el Estado a su mínima expresión”. 

En síntesis, se observa un comportamiento ligeramente anticíclico de la economía sumergida y tanto la dirección de la relación de la economía sumergida con el crecimiento, en principio inversa –lo que avalaría su carácter anticíclico-, como la intensidad de dicha relación son variables en el análisis comparativo entre países, dependiendo el resultado en cada uno de ellos de sus características económicas, institucionales y culturales. Asimismo, se constata la escasa contribución de la economía sumergida a la dinámica de crecimiento del conjunto del sistema económico.

viernes, 19 de abril de 2013

¿Las familias españolas son más ricas que las familias alemanas?

Norberto E. García - Augusto Plató (negarcia@speedy.com.pe)

Un reciente estudio del BCE, publicado a principios de abril de 2013, demuestra, para sorpresa de muchos, que la riqueza media de las familias en países como España e Italia, es significativamente mayor a la de las familias de Alemania. Este hecho ha sido interpretado como que las “pobres familias alemanas” deben destinar sus recursos para ser prestados a las “ricas familias de España e Italia”, un argumento esgrimido por el Bundesbank para oponerse al rescate de los países del Sur de Europa. 

No obstante, el estudio del BCE conduce a conclusiones diferentes si tomamos en cuenta factores omitidos. En Alemania existe una mayor proporción de las familias que alquila y no es dueña de su casa y destina sus ingresos a otro tipo de gastos. En Alemania el tamaño de la familia es mucho menor que en España e Italia. Más importante aún, el estudio no incluye como parte de la riqueza familiar el fondo de pensiones, que en Alemania es muy importante y mayor al de España e Italia y una de las razones por las que las familias que cuentan con esos recursos no se preocupen tanto por una casa propia para su vejez. 

En segundo lugar, existen diferencias de fechas entre las encuestas efectuadas en cada país. Así, la información de España corresponde a fines de la década del 2000. Esto explica la existencia de un apreciable diferencial de tipo de cambio implícito. Aún con la misma moneda, el euro, un euro compra más en Alemania y menos en España e Italia. Este diferencial de tipo de cambio implícito puede medirse por la relación entre el costo laboral unitario en Alemania y el de España e Italia o más simplemente la relación en el crecimiento de los precios en Alemania y el de España e Italia. Al observar esas relaciones, se concluye que entre 1999 y 2010, los precios crecieron mucho menos en Alemania y mucho más en Italia y España. Del mismo modo, los costos laborales unitarios crecieron mucho menos en Alemania y mucho más en Italia y en España. 

Por lo tanto el tema real es que el precio de los activos creció mucho más en España e Italia y esto es lo que hace aparecer en las cifras del BCE como mayor la riqueza de las familias españolas o italianas. En particular, la burbuja inmobiliaria en España “infló” los precios de los inmuebles. 

Esto es entonces lo que explica por qué un departamento era en 2010 más caro en Milán o en Barcelona, que en Munich. De modo que la conclusión principal del estudio del BCE está apuntando a un hecho ya conocido por muchos: el costo de los activos era mucho más alto en España e Italia que en Alemania por la mayor apreciación del euro en esos países en comparación con Alemania. 

La conclusión debería servir para que el BCE comience a preocuparse por medidas para ajustar esta apreciación del euro en España e Italia que daña su inserción en la zona Euro. 

De hecho, pese a que hoy las cifras no son iguales a las de 2010, estamos conviviendo con dos euros distintos, con muy diferente valor en Italia y España versus en Alemania. En la práctica, esta mayor apreciación del valor del euro en España e Italia, se ha trasladado ya a una parte de los bienes y servicios transables, es decir, aquellos que se destinan a exportar o competir con importaciones, y esto perjudica a España e Italia. 


miércoles, 17 de abril de 2013

Recordando a José Luis Sampedro

Una buena forma de disfrutar con todo lo que aprendimos de José Luis Sampedro es recordando esta charla con su mujer, Olga Lucas, en la Fundación Juan March.

Y releyendo sus escritos, económicos y literarios.

viernes, 12 de abril de 2013

Adiós a la enemiga del Estado de bienestar

Santos M. Ruesga, artículo publicado en El Confidencial (9 de abril de 2013)

Salvando las distancias, que son muchas y no sólo temporales, el óbito de la que fuera primera ministra del Reino Unido entre 1979 y 1990, nos trae a la imaginación ciertas concomitancias entre lo que vimos venir desde el otro lado del Canal de la Mancha y lo que hoy vemos llegar aquende los Pirineos. Cuando por estos lares aún nos estábamos desprendiendo de las legañas acumuladas durante 40 años de dictadura franquista y haciendo nuestros primeros pinitos de democracia política y social, en la Pérfida Albión se afilaban las armas para abrir el camino a una nueva estrategia política que, en el terreno socioeconómico, abrió la puerta a otra forma de entender las relaciones financieras y comerciales entre los diferentes sujetos de las sociedades humanas.

Mientras aquí nos afanábamos en pactar para reformar una herencia económica muy poco boyante, anclada en el nacionalismos más rancio, para abrir camino a un modo de democracia política, social y económica, en el Reino Unido se desbrozaba el camino para la aplicación de políticas de oferta, que supondrían el contrapunto de las políticas keynesianas practicadas por tirios y troyanos, léase conservadores y socialdemócratas, de las dos décadas previas. Y es que la crisis del petróleo iniciada en 1973, y replicada seis años más tarde con una inusual y estratosférica elevación del precio de esta materia prima básica, puso en jaque los principios más elementales de la política económica que se habían venido practicando con un éxito incuestionable tras el fin de la Segunda Guerra Mundial.

Las recetas de corte keynesiano se tornaron inefectivas ante la conjunción de elevadas tasas de inflación y desconocidos niveles de desempleo, lo que por aquel entonces comenzó a denominarse “estanflación”, aludiendo a la presencia simultánea de estancamiento económico con intensas elevaciones de los precios. En este interregno de la primera mitad de los años setenta del pasado siglo fueron ganando audiencia las voces que clamaban ya desde hacía años, desde las academias y desde numerosos centros de asesoramiento político, por una forma alternativa de entender la dinámica de las relaciones económicas, otorgando su preeminencia al mecanismo del mercado por encima de la intervención del Estado en esta materia, instrumento clave del pensamiento básico, entonces hegemónico.


miércoles, 10 de abril de 2013

Chipre: la noche de los cuchillos largos

Santos M. Ruesga, artículo publicado en la  Revista Ejecutivos (número 241, abril de 2013)

Sin duda, esa debió ser la sensación de los ciudadanos chipriotas en la larga noche del 24 de marzo; estuvieron al borde de sufrir una “razia” a golpe de cuchillos, eso sí muy comunitarios. Alguien, en Bruselas, afilaba los cuchillos de los “rescates” forjando una ajuste en el sector financiero que cargaba sobre los depositantes de los bancos y sobre algunos de sus accionistas. La “salomónica” decisión final pactada con el recién elegido gobierno chipriota pasaba por trasladar la carga del ajuste sobre los depositantes bancarios de mayor patrimonio, cargando una “quita” (pues de una confiscación expropiación en toda regla se trata) de un cuarenta por cien para las cuantías por encima de los 100.000 euros en los depósitos bancarios. 

Se había salvado la imagen de la instituciones europeas, pero los platos ya estaban rotos. Las instituciones europeas corregían su anterior propuesta (que nunca supimos a ciencia cierta quién la formuló inicialmente, si la Troika, el Eurogrupo, el Presidente de la Comisión o el del Consejo). Se mantenía a salvo el “honor” de la primera directiva comunitaria de la crisis, garantizando la inviolabilidad de los depósitos bancarios de hasta cien mil euros y se cargaba el monto a aportar por las autoridades nacionales (unos cinco mil millones de euros) sobre los ahorradores más acaudalados, buena parte de ellos de origen ruso, que habían acudido al calor de los elevados rendimientos no fiscalizados en un paraíso fiscal europeo (mediterráneo). La jugada, de imagen, parecía devolver la iniciativa consensuada a las autoridades comunitarias, buscando una fórmula que además trasladaba parte del coste del rescato a bolsillos extracomunitarios. Trataban de calmar así la ansiedad de una población no sólo chipriota, sino del resto del territorio del área monetaria, que veía peligrar los ahorros de toda una vida en aras de la estabilidad del euro. Lo que había conferido a los chipriotas del occidente una gran ventaja en su carrera económica en contraste con sus compatriotas turcos, del oriente de la isla, ahora se convertía en la rémora que les devolverá a los niveles de vida de ogaño, no muy lejanos de los de sus vecinos. Una carrera de menos de una década, tras su integración en la Unión, que ahora descubren no les lleva a ninguna parte. 

Pero, dicho sea con todos los respetos, que se merecen, a los ciudadanos de la parte de Chipre cuya capital reside en Nicosia, el experimento vivido en el mes de marzo de 2013 transciende mucho más allá de sus fronteras. Eleva a la categoría de verdades casi contrastadas algunos rumores que desde hace las meses sino años, venían circulando a lo largo y ancho de los países de la “zona euro”, de forma particular y más intensas en aquellos miembros de su ribera sur, o si se prefiere de los PIGS+ (Portugal, Italia, Grecia, España + Irlanda y Chipre). Primero, que los órganos comunitarios son un campo abonado para la improvisación (como afirmaba estos días un querido colega, analista financiero, afirmando que “el rescate a Chipre confirma que no hay indicios de vida inteligente en Europa”, José Carlos Díez, El País, 17/03/2013); segundo, que a la aparente improvisación hay que añadirle la obsesión doctrinaria por el ajuste en las cuentas públicas, con programas de estricta austeridad, que están erosionando, sin retorno, las bases de crecimiento futuro de las economías “rescatadas”. El más elemental análisis económico, y sobre todo la experiencia histórica de la anterior Gran Depresión de los años 20-30 del pasado siglo, apuntan a la necesidad de relajar el objetivo del déficit, rígidamente interpretado, en aras de una política que atienda a impulsos al crecimiento económico, que además de hacer frente a los efectos más dramáticos de esta crisis, como el desempleo, contribuya a la sostenibilidad de las cuentas públicas alimentando las bases fiscales. Crecer significa incrementos de las bases imponibles de todas las figuras fiscales, y esto ahuyenta los demonios de la especulación de los operadores financieros sobre la deuda soberana. 

No nos equivoquemos, no es que los operadores financieros respondan con un pánico desesperado a determinadas situaciones de riesgo que se ponen de manifiesto en los países de la franja mediterránea europea, entre otros. Más bien dichos mercados vienen respondiendo a un comportamiento económicamente “racional” a la búsqueda del mayor beneficio posible en el corto plazo, de modo tal que el acreedor “castiga” al deudor elevando el tipo de interés devengado como respuesta a la percepción de un mayor grado de riesgo de impago de los préstamos implicados. En el corto plazo, tales operadores de los mercados financieros reaccionan elevando sus rendimientos como medio de compensar el hipotético impago a futuro. En el entretanto, los propietarios de los títulos de tales deudas soberanas incrementan de forma notable sus rendimientos. Comportamiento, por tanto “racional”, maximizando beneficios, que introduce a los países deudores en un círculo vicioso hacia la quiebra, de no mediar actuaciones políticas de por medio para romper esa espiral de endeudamiento creciente. El aumento de los intereses devengados es un factor prominente, en la dinámica de esta espiral, que carga contra las finanzas públicas, dificultando a un más el objetivo de control del déficit de las cuentas de la nación. 

El comportamiento de las instituciones comunitarias en este nuevo episodio de la crisis de la deuda europea, ha incurrido en uno de los mayores errores que se pueden esperar de los gestores políticos, cual es “echar leña al fuego”. En este caso aumentar la desconfianza de los ciudadanos en sus propias instituciones. Lo que, dicho sea de paso,- ahonda en el “agujero” de representatividad democrática que ya padecen en origen buena parte de las instancias de la Unión y, en particular, de la Unión Económica y Monetaria. Y, adicionalmente, parece que alguna “mano invisible” pretende vaciar las cajas de las instituciones bancarias de los PIGS+ para que los ahorros allí depositados fluyan hacia las más seguras arcas de los bancos del norte, o mejor de los países acreedores. Esta será una de las consecuencias de la desconfianza que los adalides de esta iniciativa están trasladando a los ahorradores de las debilitadas (financieramente) economías de la periferia europea. 

De este modo, los países acreedores, particularmente Alemania, tratan de asegurar el pago de los préstamos que han emitido sus instituciones financieras, que brando más aún las finanzas públicas de los deudores y sometiendo a sus economías un circulo vicioso depresivo. Ahora bien, mal asunto es que traten así a sus “clientes”; el “modelo” de exportación alemán se resquebraja por falta de importadores.

martes, 2 de abril de 2013

Capital 1 - Trabajo 0


Ana I. Viñas - Augusto Plató

Una particularidad de la crisis económica por la que atraviesa España es la dirección que está tomando la evolución de las rentas. Las cifras muestran que en esta situación de recesión no todas las variables pierden, sino que algunas consiguen mantener tasas de crecimiento trimestre tras trimestre, dando lugar a un cambio de marcador a su favor, y que, sin las medidas oportunas, puede tener consecuencias estructurales muy negativas para la vida socioeconómica del país.

Si se atiende a dos de los componentes de las rentas en las Cuentas Nacionales, así se puede comprobar: el Excedente Bruto de Explotación y Rentas Mixtas, que representa las rentas del capital empresarial y de la propiedad, al margen de lo ocurrido en 2009, ha ido resistiendo las patadas de los descensos interanuales del PIB a lo largo de estos años.


Por el contrario, la Remuneración de Asalariados no ha conseguido sostener cifras positivas de variación y su representación en el total del PIB ha caído en este periodo, perdiendo 5,2 puntos porcentuales entre el último trimestre de 2008 y el último de 2012. El otro equipo, sin embargo, ha logrado ganar peso en el PIB total: 3,6 puntos porcentuales desde fin de 2008 hasta fin de 2012.

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