Domingo Carbajo Vasco - Augusto Plató - Inspector de Hacienda
1. Consideraciones generales
El 1 de enero de 2015, según el Gobierno, los españoles dispondremos de un nuevo sistema tributario, producto de la Reforma Fiscal en marcha (los diferentes proyectos legislativos acaban de ser presentados al Senado).
Se trata de un marco legislativo esencial, según el mismo Gobierno, para apuntalar la recuperación económica y la salida de la crisis; es más, las estimaciones macroeconómicas de la Reforma Fiscal afirman que tendrá un impacto positivo en el PIB del 0,55%, suponiendo una disminución recaudatoria de 9.000 millones de euros.
Tal descenso de los ingresos públicos se “devolverá” al bolsillo de los españoles, con lo que éstos, ante el aumento de sus rentas netas, procederán a un mayor consumo y, en consecuencia, se generará un impulso a la recaudación derivada de los impuestos indirectos, fundamentalmente, el IVA, lo que potenciará la demanda privada que sustituye, como variable económica, a unas exportaciones, cuya evolución es cada vez peor, en un contexto de estancamiento económico de la Unión Europea, a la cual siguen dirigiéndose cerca del 70% de nuestras actividades de comercio exterior [1].
Es más, tal recuperación de ingresos, vía consumo privado, será compatible con una nueva reducción del déficit público (a situarse en el 4,2% del PIB, frente al 5,5% previsto para finales de este año 2014) [2] y tendrá un importante componente social, ya que los mayores beneficiados serán las rentas bajas y las clases medias.
De acuerdo con el mantra de la Reforma Fiscal, los contribuyentes, trabajadores y autónomos, con ingresos inferiores a los 12.500 euros no pagarán Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), ni tampoco serán objeto de pagos a cuenta de este tributo (eliminándose de esta forma la llamada “trampa de la pobreza” e igualándose el salario neto y el bruto).