La maldición de la indexación

Ana I. Viñas - Augusto Plató

Hace unos días se conocía el contenido completo del Anteproyecto de Ley de Desindexación de la Economía que anunciaba el Consejo de Ministros del día 27 de septiembre.

Cuándo la “producción legislativa y económica” de este Gobierno me empezó a parecer siempre sospechosa, no lo recuerdo. 

He tenido ocasión de leer el Anteproyecto en esta fase de audiencia pública en la que se encuentra. Sin entrar al detalle sobre la idea, los contenidos y sus efectos, y sólo centrándome en la exposición de motivos, entiendo que el Gobierno está muy preocupado por el deterioro de la competitividad derivado de la inflación y, más concretamente, procedente de los efectos de segunda vuelta. Así, de entrada, ya me surgen algunas cuestiones. 

Por ejemplo, ¿por qué ahora en este momento de la etapa de recesión se decide desindexar la economía? Precisamente cuando el índice general de precios muestra una moderación. Incluso con una diferencia frente a la Zona Euro que está permitiendo ganar competitividad vía precios. Es el caso del año 2012 y del último mes publicado (en septiembre el diferencial llegaba a -0,6 p.p.).

Tampoco se entiende el empeño de basar toda la competitividad de la economía española en la moderación de precios. Máxime cuando países avanzados y, especialmente, grandes potencias en desarrollo ya están aplicando, además, criterios de calidad, diseño y nuevas tecnologías en su producción y sus ventas. Más rentable sería para las exportaciones españolas mostrar ese mismo interés en la innovación y el conocimiento. 

Por otro lado, una vez lograda la caída de los costes laborales y salariales (que dicho sea de paso despeja las dudas sobre posibles efectos de segunda vuelta derivados de subidas salariales), visible en sus diversas estadísticas, parece lógico que los precios de los bienes y servicios establecidos por las empresas puedan moderarse al haberse reducido los costes de producción. 

No ha hecho falta una desindexación, sólo un debilitamiento del consumo de los hogares, para facilitar el descenso de precios en muchos de los bienes y servicios prestados por el mercado. La llamada inflación de demanda se mostró activa durante la etapa expansiva, para, en la recesiva, corroborar que PIB y precios, en el caso de España, van unidos de la mano. Un análisis desgranado del IPC permite observar bajadas de precios o crecimientos muy moderados en bienes como vestido, calzado, muebles, textiles de hogar, electrodomésticos, comunicaciones, hostelería y alojamientos, etc. 

En otros casos, no ha sido así. Por ejemplo, en alimentación (huevos, productos lácteos, frutas y legumbres, preparados de carne y pescado, azúcar, café, etc.), los precios han reflejado incrementos muy superiores al IPC de referencia. Pero, en estos sectores difícilmente la desindexación pueda tener efectos. 

Y hay otros productos en los que sucede lo mismo… ¿no se ha percatado el Gobierno de que el crecimiento del IPC se debe, entre las principales causas, al aumento de tasas e impuestos en bienes de demanda inelástica, decidido arbitrariamente por la Administración? 

De forma general esto se pudo contrastar con la pasada subida del IVA. De forma más concreta, en productos relacionados con suministros que tienen precios regulados las subidas van mucho más allá del IPC del año anterior. Véase la tabla siguiente, donde se muestra la evolución anual en 2012 de determinados precios (muchos de los que están afectados por el Anteproyecto, y aparecen en su Anexo 1). 

El copago de medicamentos, los incrementos de impuestos en alcohol, tabacos y carburantes, las tasas universitarias, las subidas de precios en el sector (regulado) del transporte, las subidas de tasas municipales en suministros básicos y otros casos de precios definidos por el sector público... 

Con que la actualización de precios de los bienes anteriores se hubiese limitado al IPC general del año 2011 (un 3,2%), el Gobierno tendría ya mucho ganado. Mordiéndose su propia cola, la falta de coherencia entre el objetivo a lograr por la ley y las medidas adoptadas es manifiesta.

Y es que, en el fondo, lo que parece que quiere el Gobierno con esta futura ley es lograr, casualmente, un ahorro de euros al no tener que actualizar vía IPC los precios de los contratos de obra y suministros que tiene la Administración con empresas privadas. 

Y lo más grave, que viene por el lado ideológico: eliminar por fin del vocabulario socioeconómico del país la palabra indexación (ligada al IPC), para que no vuelva a surgir nunca, ni siquiera en las etapas futuras de crecimiento. Una vez eliminada de las pensiones y fuera de la negociación colectiva (según la opinión del Gobierno, no compartida), desaparecerá ahora de los precios regulados y, con suerte, de las relaciones entre privados ¡para no volver jamás! 

Sin embargo, y esta es la última cuestión, el invento maldito de la indexación tiene una explicación económica y social justificada. Para algunos economistas, el problema principal que genera la inflación no es sólo la pérdida de competitividad de una economía, sino la pérdida de poder adquisitivo que conlleva el hecho de que las rentas avancen por debajo del coste de la vida. Los ingresos nominales no son nadie sin un indicador de ese coste de la vida. Ciertamente se puede debatir sobre cuál es el mejor indicador, aunque un índice tipo IPC está mundialmente aceptado (de entre otros existentes, como el deflactor del PIB, el del consumo privado o la inflación subyacente) como variable que permite actualizar los valores nominales para transformarlos en reales. La indexación no es, por tanto, una maldición, sino una necesidad para que la economía avance equilibradamente.