Sin duda, esa debió ser la sensación de los ciudadanos chipriotas en la larga noche del 24 de marzo; estuvieron al borde de sufrir una “razia” a golpe de cuchillos, eso sí muy comunitarios. Alguien, en Bruselas, afilaba los cuchillos de los “rescates” forjando una ajuste en el sector financiero que cargaba sobre los depositantes de los bancos y sobre algunos de sus accionistas. La “salomónica” decisión final pactada con el recién elegido gobierno chipriota pasaba por trasladar la carga del ajuste sobre los depositantes bancarios de mayor patrimonio, cargando una “quita” (pues de una confiscación expropiación en toda regla se trata) de un cuarenta por cien para las cuantías por encima de los 100.000 euros en los depósitos bancarios.
Se había salvado la imagen de la instituciones europeas, pero los platos ya estaban rotos. Las instituciones europeas corregían su anterior propuesta (que nunca supimos a ciencia cierta quién la formuló inicialmente, si la Troika, el Eurogrupo, el Presidente de la Comisión o el del Consejo). Se mantenía a salvo el “honor” de la primera directiva comunitaria de la crisis, garantizando la inviolabilidad de los depósitos bancarios de hasta cien mil euros y se cargaba el monto a aportar por las autoridades nacionales (unos cinco mil millones de euros) sobre los ahorradores más acaudalados, buena parte de ellos de origen ruso, que habían acudido al calor de los elevados rendimientos no fiscalizados en un paraíso fiscal europeo (mediterráneo). La jugada, de imagen, parecía devolver la iniciativa consensuada a las autoridades comunitarias, buscando una fórmula que además trasladaba parte del coste del rescato a bolsillos extracomunitarios. Trataban de calmar así la ansiedad de una población no sólo chipriota, sino del resto del territorio del área monetaria, que veía peligrar los ahorros de toda una vida en aras de la estabilidad del euro. Lo que había conferido a los chipriotas del occidente una gran ventaja en su carrera económica en contraste con sus compatriotas turcos, del oriente de la isla, ahora se convertía en la rémora que les devolverá a los niveles de vida de ogaño, no muy lejanos de los de sus vecinos. Una carrera de menos de una década, tras su integración en la Unión, que ahora descubren no les lleva a ninguna parte.
Pero, dicho sea con todos los respetos, que se merecen, a los ciudadanos de la parte de Chipre cuya capital reside en Nicosia, el experimento vivido en el mes de marzo de 2013 transciende mucho más allá de sus fronteras. Eleva a la categoría de verdades casi contrastadas algunos rumores que desde hace las meses sino años, venían circulando a lo largo y ancho de los países de la “zona euro”, de forma particular y más intensas en aquellos miembros de su ribera sur, o si se prefiere de los PIGS+ (Portugal, Italia, Grecia, España + Irlanda y Chipre). Primero, que los órganos comunitarios son un campo abonado para la improvisación (como afirmaba estos días un querido colega, analista financiero, afirmando que “el rescate a Chipre confirma que no hay indicios de vida inteligente en Europa”, José Carlos Díez, El País, 17/03/2013); segundo, que a la aparente improvisación hay que añadirle la obsesión doctrinaria por el ajuste en las cuentas públicas, con programas de estricta austeridad, que están erosionando, sin retorno, las bases de crecimiento futuro de las economías “rescatadas”. El más elemental análisis económico, y sobre todo la experiencia histórica de la anterior Gran Depresión de los años 20-30 del pasado siglo, apuntan a la necesidad de relajar el objetivo del déficit, rígidamente interpretado, en aras de una política que atienda a impulsos al crecimiento económico, que además de hacer frente a los efectos más dramáticos de esta crisis, como el desempleo, contribuya a la sostenibilidad de las cuentas públicas alimentando las bases fiscales. Crecer significa incrementos de las bases imponibles de todas las figuras fiscales, y esto ahuyenta los demonios de la especulación de los operadores financieros sobre la deuda soberana.
No nos equivoquemos, no es que los operadores financieros respondan con un pánico desesperado a determinadas situaciones de riesgo que se ponen de manifiesto en los países de la franja mediterránea europea, entre otros. Más bien dichos mercados vienen respondiendo a un comportamiento económicamente “racional” a la búsqueda del mayor beneficio posible en el corto plazo, de modo tal que el acreedor “castiga” al deudor elevando el tipo de interés devengado como respuesta a la percepción de un mayor grado de riesgo de impago de los préstamos implicados. En el corto plazo, tales operadores de los mercados financieros reaccionan elevando sus rendimientos como medio de compensar el hipotético impago a futuro. En el entretanto, los propietarios de los títulos de tales deudas soberanas incrementan de forma notable sus rendimientos. Comportamiento, por tanto “racional”, maximizando beneficios, que introduce a los países deudores en un círculo vicioso hacia la quiebra, de no mediar actuaciones políticas de por medio para romper esa espiral de endeudamiento creciente. El aumento de los intereses devengados es un factor prominente, en la dinámica de esta espiral, que carga contra las finanzas públicas, dificultando a un más el objetivo de control del déficit de las cuentas de la nación.
El comportamiento de las instituciones comunitarias en este nuevo episodio de la crisis de la deuda europea, ha incurrido en uno de los mayores errores que se pueden esperar de los gestores políticos, cual es “echar leña al fuego”. En este caso aumentar la desconfianza de los ciudadanos en sus propias instituciones. Lo que, dicho sea de paso,- ahonda en el “agujero” de representatividad democrática que ya padecen en origen buena parte de las instancias de la Unión y, en particular, de la Unión Económica y Monetaria. Y, adicionalmente, parece que alguna “mano invisible” pretende vaciar las cajas de las instituciones bancarias de los PIGS+ para que los ahorros allí depositados fluyan hacia las más seguras arcas de los bancos del norte, o mejor de los países acreedores. Esta será una de las consecuencias de la desconfianza que los adalides de esta iniciativa están trasladando a los ahorradores de las debilitadas (financieramente) economías de la periferia europea.
De este modo, los países acreedores, particularmente Alemania, tratan de asegurar el pago de los préstamos que han emitido sus instituciones financieras, que brando más aún las finanzas públicas de los deudores y sometiendo a sus economías un circulo vicioso depresivo. Ahora bien, mal asunto es que traten así a sus “clientes”; el “modelo” de exportación alemán se resquebraja por falta de importadores.
