IX Seminario de Empleo: Las reformas de la negociación colectiva

Ayer miércoles 24 de junio de 2015 tuvimos la quinta sesión de esta IX edición del Seminario de Empleo organizado en la Fundación Ortega-Marañón. En esta ocasión, el tema principal fueron Las reformas de la negociación colectiva, de las que nos hablaron Fernando Valdés Dal-Ré, Catedrático del Derecho del Trabajo, de la Universidad Complutense de Madrid, y Laura Pérez Ortiz, profesora de Economía de la Universidad Autónoma de Madrid, bajo la moderación de Santos M. Ruesga, Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid.

En este enlace se puede acceder a la presentación de Fernando Valdés Dal-Ré, y aquí puedes consultar la presentación de Laura Pérez Ortiz.

Esperamos que las siguientes sesiones del Seminario de Empleo, ya después del verano, continúen generando discusiones y debate como hasta ahora. Se puede acceder a la información de las sesiones celebradas aquí.

Así que os esperamos el próximo 23 de septiembre, con "La devaluación salarial" (aquí está el programa completo de la IX edición del Seminario de Empleo).

¿Es esto una reforma fiscal?

Domingo Carbajo Vasco - Augusto Plató - Inspector de Hacienda

1. Consideraciones generales 

El 1 de enero de 2015, según el Gobierno, los españoles dispondremos de un nuevo sistema tributario, producto de la Reforma Fiscal en marcha (los diferentes proyectos legislativos acaban de ser presentados al Senado).

Se trata de un marco legislativo esencial, según el mismo Gobierno, para apuntalar la recuperación económica y la salida de la crisis; es más, las estimaciones macroeconómicas de la Reforma Fiscal afirman que tendrá un impacto positivo en el PIB del 0,55%, suponiendo una disminución recaudatoria de 9.000 millones de euros.

Tal descenso de los ingresos públicos se “devolverá” al bolsillo de los españoles, con lo que éstos, ante el aumento de sus rentas netas, procederán a un mayor consumo y, en consecuencia, se generará un impulso a la recaudación derivada de los impuestos indirectos, fundamentalmente, el IVA, lo que potenciará la demanda privada que sustituye, como variable económica, a unas exportaciones, cuya evolución es cada vez peor, en un contexto de estancamiento económico de la Unión Europea, a la cual siguen dirigiéndose cerca del 70% de nuestras actividades de comercio exterior [1].

Es más, tal recuperación de ingresos, vía consumo privado, será compatible con una nueva reducción del déficit público (a situarse en el 4,2% del PIB, frente al 5,5% previsto para finales de este año 2014) [2] y tendrá un importante componente social, ya que los mayores beneficiados serán las rentas bajas y las clases medias.

De acuerdo con el mantra de la Reforma Fiscal, los contribuyentes, trabajadores y autónomos, con ingresos inferiores a los 12.500 euros no pagarán Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), ni tampoco serán objeto de pagos a cuenta de este tributo (eliminándose de esta forma la llamada “trampa de la pobreza” e igualándose el salario neto y el bruto).

Alguien vuela sobre las pensiones públicas ¿Hacia el final de las pensiones públicas suficientes?

José Luis Moreneo (catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Granada) y Santos M. Ruesga (catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid)

Versión ampliada del artículo publicado en El País (29 de noviembre de 2013)

“Verdaderamente, vivo [vivimos] en tiempos sombríos”

Bertolt Brecht, “A los hombres futuros”

Si veis volar en círculo un grupo de aves carroñeras, trazad una línea vertical desde el centro geométrico y en el suelo encontraréis o el cadáver o el animal moribundo. Leyendo la prensa estos días hemos trazado esa línea para encontrarnos con la descomposición orgánica generada por la reforma en curso de nuestro sistema público de pensiones. El vuelo intenso de compañías aseguradoras y entidades bancarias a la caza de ahorradores, con ofertas variadas de productos financieros para colocar el resultado del miedo a la caída de las pensiones públicas, nos indica la cercanía del sujeto moribundo: la cuantía de éstas. Captar ahorro, en suma, a través productos ilíquidos a treinta o más años, con unos costes de gestión desconocidos, por elevados, en todo el sistema financiero o asegurador. Alimento sin límite y con alto rendimiento financiero para los gestores, y contando, además, con suculentas subvenciones fiscales (gasto público fiscal selectivo).

Para lo cual se requiere de la generalización del miedo a la pérdida de una pensión pública decente que ponga a una parte (los que puedan) de los futuros pensionistas ante el abismo de una vejez sin recursos y acudan en masa a garantizarse una “pensión complementaria”. Y junto a ello, la pérdida de confianza de los ciudadanos (ideológicamente inducida) respecto a la viabilidad del sistema de pensiones. Porque ese y no otro es el discurso que subyace a la filosofía con la que se aborda esta reforma. Socavar y alterar el modelo financiero de reparto, que había asegurado hasta la fecha pensiones suficientes con criterio redistributivo; sistema vigente desde hace décadas con gran capacidad de autorregulación y adaptación a los cambios económicos y demográficos a los que ha tenido que hacer frente. 

Y es que ya lo decía abiertamente un experto en la materia hace tan sólo unos meses: “cuando hablamos de integración entre pensiones privadas, las pensiones públicas, en realidad en seguida nos apresuramos a decir que el principio es el de complementariedad, el de voluntariedad, no estamos siendo honestos…/ Cuando hablamos de las pensiones complementarias o de las pensiones privadas, todavía seguimos centrándonos en elementos que, quizá con el afán de no hacer daño, de no molestar excesivamente, son muy secundarios, cuando lo que necesitamos desesperadamente es que las pensiones públicas se replieguen, se replieguen de una o de otra manera” para ampliar el espacio atribuido a las pensiones privadas (José Antonio Herce, 2012). Y, siguiendo está lógica, con la actual reforma en ciernes la pensiones públicas, sin duda, se replegarán, configurándose como pensiones mínimas y de baja calidad (rentas de sustitución muy alejadas del promedio de las rentas percibidas en la vida activa). 

Voto particular de Santos M. Ruesga al Informe de la Comisión de expertos sobre pensiones

Explicación de voto de Santos Miguel Ruesga respecto al informe de la Comisión de expertos sobre el factor de sostenibilidad de las pensiones aprobado por mayoría del mismo

 

Quiero expresar mi desacuerdo total con el Informe emitido por el Comité de Expertos sobre el factor de sostenibilidad, creado por el Gobierno Español, según lo establecido en la disposición adicional novena del RDL 5/2013 de 15 de marzo, con  apoyo de la mayoría de dicho Comité. En las páginas que siguen trato de explicar mi desacuerdo con el contenido del citado Informe final, en cuanto al diagnóstico subyacente en el que el mismo se apoya y sus propuestas concretas, con algunas reflexiones colaterales sobre el método de trabajo al que nos hemos visto abocados por las evidentes y manifiestas prisas que el Gobierno ha introducido en el tema, lo que a mi entender ha cercenado la posibilidad de debatir y de testar con mayor precisión y con la tranquilidad necesarias tanto las propuestas contenidas en el citado Informe como otras posibles alternativas.

CONSIDERACIONES GENERALES

1.  El sistema público de pensiones español se rige como un sistema de reparto, con transferencias de renta tanto intra como intergeneracionales, que viene funcionando desde hace unas décadas con un razonable éxito en cuanto a alcanzar un cierto grado de estabilidad presupuestaría en una perspectiva de largo alcance y ofrecer pensiones suficientes a los pensionistas. Juega y ha jugado un papel relevante tanto en la cohesión social del país como en la cohesión territorial, cuestiones ambas nada desdeñables cuando hablamos de reformar el sistema.

2.      La gestión de este sistema se ha llevado a cabo desde hace 2 décadas sobre la base de un consenso amplío entre las fuerzas políticas, materializado en el denominado Pacto de Toledo, y social, que en su última expresión dio lugar hace un par de años al II AcuerdoSocio Económico (ASE) que entre sus contenidos incluía una propuesta de reforma del sistema público de pensiones que dio lugar a la Ley 27/2011 “sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social”. Ley que comienza a surtir efectos a partir de enero de este año, 2013. Parece pues que el mecanismo del consenso ha dado resultados hasta la fecha y no hay razones para dudar de que las pueda seguir dando en el futuro.

3.      La valoración/diagnóstico que de forma implícita se hace del sistema de reparto, recurrente en una crítica general a este sistema que prolifera en los últimos años, se centra básicamente en la inviabilidad financiera del sistema español, tal como está diseñado, pero se cuestionan otros de diferentes países europeos, de características similares al nuestro, con matices. Pareciera como si ahora solo tiene “gravísimos problemas de sostenibilidad” el modelo español de reparto.

4.      A este respecto es importante valorar el contexto económico en el que nos movemos, en el que a causa de la política económica de austeridad que se viene desarrollando desde mayo de 2010, se está produciendo una intensa devaluación salarial que afecta al flujo actual de ingresos al sistema de la Seguridad Social. Así se nos introduce en una especie de círculo vicioso en el que, se dice, hay que bajar el valor de las pensiones, incluso nominal, porque los salarios bajan. Ello nos llevaría a un debate que transcendiendo a la cuestión concreta de la sostenibilidad del sistema público de pensiones nos introduciría en otros derroteros, en la esencia de la política económica, lo que no está aquí en discusión, aunque sin duda afecta de manera directa al debate subyacente.