Alguien vuela sobre las pensiones públicas ¿Hacia el final de las pensiones públicas suficientes?

José Luis Moreneo (catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Granada) y Santos M. Ruesga (catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid)

Versión ampliada del artículo publicado en El País (29 de noviembre de 2013)

“Verdaderamente, vivo [vivimos] en tiempos sombríos”

Bertolt Brecht, “A los hombres futuros”

Si veis volar en círculo un grupo de aves carroñeras, trazad una línea vertical desde el centro geométrico y en el suelo encontraréis o el cadáver o el animal moribundo. Leyendo la prensa estos días hemos trazado esa línea para encontrarnos con la descomposición orgánica generada por la reforma en curso de nuestro sistema público de pensiones. El vuelo intenso de compañías aseguradoras y entidades bancarias a la caza de ahorradores, con ofertas variadas de productos financieros para colocar el resultado del miedo a la caída de las pensiones públicas, nos indica la cercanía del sujeto moribundo: la cuantía de éstas. Captar ahorro, en suma, a través productos ilíquidos a treinta o más años, con unos costes de gestión desconocidos, por elevados, en todo el sistema financiero o asegurador. Alimento sin límite y con alto rendimiento financiero para los gestores, y contando, además, con suculentas subvenciones fiscales (gasto público fiscal selectivo).

Para lo cual se requiere de la generalización del miedo a la pérdida de una pensión pública decente que ponga a una parte (los que puedan) de los futuros pensionistas ante el abismo de una vejez sin recursos y acudan en masa a garantizarse una “pensión complementaria”. Y junto a ello, la pérdida de confianza de los ciudadanos (ideológicamente inducida) respecto a la viabilidad del sistema de pensiones. Porque ese y no otro es el discurso que subyace a la filosofía con la que se aborda esta reforma. Socavar y alterar el modelo financiero de reparto, que había asegurado hasta la fecha pensiones suficientes con criterio redistributivo; sistema vigente desde hace décadas con gran capacidad de autorregulación y adaptación a los cambios económicos y demográficos a los que ha tenido que hacer frente. 

Y es que ya lo decía abiertamente un experto en la materia hace tan sólo unos meses: “cuando hablamos de integración entre pensiones privadas, las pensiones públicas, en realidad en seguida nos apresuramos a decir que el principio es el de complementariedad, el de voluntariedad, no estamos siendo honestos…/ Cuando hablamos de las pensiones complementarias o de las pensiones privadas, todavía seguimos centrándonos en elementos que, quizá con el afán de no hacer daño, de no molestar excesivamente, son muy secundarios, cuando lo que necesitamos desesperadamente es que las pensiones públicas se replieguen, se replieguen de una o de otra manera” para ampliar el espacio atribuido a las pensiones privadas (José Antonio Herce, 2012). Y, siguiendo está lógica, con la actual reforma en ciernes la pensiones públicas, sin duda, se replegarán, configurándose como pensiones mínimas y de baja calidad (rentas de sustitución muy alejadas del promedio de las rentas percibidas en la vida activa). 

Pero, para que esto ocurra, parece necesario no solo que las reformas en marcha se materialicen y, como resultado de las mismas, su cuantía se reduzca de manera importante, como así ocurrirá. No, es tan bien necesario que se instale en la opinión pública la inevitabilidad de que esto ocurra, para el que el miedo al futuro, las incertidumbres que ello conlleva, aseguren el flujo de ahorro hacia los fondos de pensiones, sin duda de suculentos rendimientos para sus gestores y los estratos sociales con niveles de rentas más elevadas. Así no se “molesta”, así todos asumimos que en el futuro no “se van a poder pagar las pensiones”. ¿Qué ha ocurrido para que esto se instale en el subconsciente económico de la población, marcando una suerte de inevitabilidad en el futuro de un sistema que hasta la fecha había funcionado con solvencia? Los agoreros que ya desde los años noventa nos anunciaban la bancarrota de la Seguridad Social parece que están ganando la batalla de la opinión pública. Al albur de la “sostenibilidad financiera” de las pensiones han instalado la idea de que éstas se han de financiar necesariamente solo con los recursos contributivos, es decir con las aportaciones de los cotizantes. Tras este principio se oculta algo tan básico como que las pensiones de jubilación no son -solo- una contrapartida a una contribución, sino un derecho básico reconocido en nuestra Constitución que demanda a los poderes públicos garanticen, “mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad” (artículo 50, en relación con el 41 de la CE). Precisamente, de ello se infiere que es responsabilidad directa del Estado la garantía efectiva de la suficiencia de las pensiones públicas. 

No deja de ser paradójico que estas políticas de reducción sistemática de las pensiones públicas y de potenciación decidida de las pensiones privadas se lleven a cabo en una coyuntura como la actual en la que es un hecho empíricamente verificable –y verificado- que los fondos de pensiones se están mostrando muy frágiles y vulnerables frente a la coyuntura de crisis económica y son inseguros para garantizar los fines de protección social. Son ahora incluso parte del problema por su implicación directa en las turbulencias financieras (lo cual se puede comprobar fácilmente en la experiencia actual de los fondos de pensiones en Estados Unidos). Se puede decir que, en gran medida, el crecimiento global de los fondos de pensiones fue parte integrante de una oleada de financiarización de la economía que contribuyó a generar una sucesión de burbujas del precio de los activos y su posterior colapso. Hay que tener en cuenta que los fondos de pensiones actúan como intermediarios financieros y dependen de las vicisitudes y de la “seguridad” –siempre contingente y precaria- de los mercados financieros. 

Para ello pues ha de instalarse un discurso ideológico (aunque revestido de tecnicismo) que se apoya en sucesivas mentiras o medias verdades que confunden o mejor amedrantan al ciudadano futuro pensionistas. El discurso oficial oculta o no ha explicita de forma clara que:

• La reforma de las pensiones planteada en la ley en trámite parlamentario tiene un precedente inmediato que está en proceso de aplicación, la Ley 27/2011, vigente desde el 1 de enero de 2013, que supone ya un importante recorte de la cuantía de las pensiones en el medio plazo. A través de reformas paramétricas (cambio en los requisitos para la determinación de la cuantía del a pensión y alargamiento de la edad ordinaria de jubilación) el futuro pensionista cobrará algunos años menos, cotizará algunos más y recibirá una pensión comparativamente inferior a la del presente. En conclusión con esta reforma el erario público ahorrará un 3 por ciento del PIB a la altura del año 2050 (el equivalente a 30.000 millones de euros anuales en computo actual, unos dos mil euros anuales por pensionistas para los algo más de 15 millones que habrá por esas fechas).
• Los nuevos pensionistas, con la ley de 2011 a partir de 2032 y con el proyecto actual desde el 2023 irán perdiendo parte del valor de su pensión inicial por aplicación del denominado Factor de Sostenibilidad (reducir la pensión de entrada en la misma proporción que aumenta la esperanza de vida la población mayor de 67 años). Esto significará una reducción acumulable del 5 por ciento del valor de la pensión inicial media en cada década de aplicación, según estimaciones del Comité de Expertos del Factor de Sostenibilidad del sistema Público de Pensiones.
• Con la puesta en vigor de Índice de Revalorización de las pensiones (que sustituye el modelo vigente de revalorización basada en el aumento anual de las pensiones medida a través del IPC por una revalorización automática dependiente exclusivamente de los ingresos y gastos internos del sistema) que establecerá la Ley en debate parlamentario el erario público se ahorrará del orden de 33 mil millones de euros, según el propio gobierno (con una inflación prevista del 1 por ciento, bastante poco creíble), desde 2014 hasta 2022, es decir una media de algo más de 4 mil millones anuales. En cómputo actual, para los nueve millones de pensiones que existen en la actualidad, significaría una reducción de unos 460 euros por pensión cada uno de estos años. La introducción de la figura del “índice de revalorización” supondrá, sin duda, una pérdida del poder adquisitivo de las pensiones en un contexto de crisis como la presente. 
• Si hacemos una estimación global del conjunto de estas reformas el resultado final (con la reserva de la complejidad del cálculo a futuro) sería que para mediados de los años cincuenta de este siglo el coeficiente de sustitución (relación entre cuantía de la pensión y el salario percibido inmediatamente antes de jubilarse para una persona con carrera de cotización completa) pasaría un aproximadamente 80 por ciento en el momento actual a un 40 por ciento. Es decir se alejaría sustancialmente la renta disponible de los pensionistas respecto a la de los activos, base para la extensión de situaciones de pobreza y desigualdades más intensas entre los inactivos. 

Lo que significa. 1) trasladar el ajuste a futuro de la financiación las pensiones públicas exclusivamente con cargo a los pensionistas (¿qué fue de nuestra solidaridad?); 2) trasladar los riesgos a los que se habrá de enfrentar el sistema de pensiones (demográficos o económicos) al pensionista (los pensionistas asumen directamente y a su cargo el riesgo de su propio envejecimiento), pasando en la práctica de un sistema de reparto con pensión definida, en el momento actual, a un sistema de contribución definida (sujeta a la incertidumbre), pero pensión indefinida, caminando hacia una forma encubierta de sistema de capitalización con espacio creciente de poder regulador para el mercado de las pensiones privadas, y 3) desigualdades de renta creciente entre pensionistas con sistemas complementarios –privados, aquellos que durante su vida activa pudieron ahorrar, más allá del pago de la hipoteca- y los que solo sobrevivirán con una pensión pública sujeta a los criterios nada redistributivos puestos en marcha con la reforma en curso. La brecha se amplía en un colectivo especialmente vulnerable a los avatares económicos y ya sin posibilidades de respuesta ante determinados episodios en su vida. 

Por otra parte, resulta precipitado poner en entredicho el equilibrio interno del sistema. Es pertinente recordar que la viabilidad/sostenibilidad del sistema de pensiones no está comprometida a corto plazo. Existe aún un importante colchón financiero, constituido por el Fondo de Reserva. Tras cinco años de crisis, sólo se ha utilizado un cinco por ciento del Fondo, con lo que la reserva existente a día de hoy es superior a los 63.000 millones de euros. Dicho Fondo de Reserva puede permitir que se mantenga coyunturalmente el equilibrio presupuestario durante al menos, otros cinco años, incluso en condiciones económicas muy adversas, sin recuperación económica. Pero el verdadero desafío para la política pública de solidaridad social en las pensiones es incrementar los recursos del sistema aumentando los ingresos (a través de cotizaciones sociales y aportaciones estatales) hasta alcanzar los niveles existentes de media en los países de la Zona Euro. Lo urgente será resolver el gravísimo problema social del desempleo masivo que puede condicionar coyunturalmente la sostenibilidad actual de nuestro sistema de pensiones basado en un régimen financiero de reparto y de solidaridad intergeneracional. 

Pero quizá, en el plano social, la gran mentira es atribuir a estas reformas un carácter técnico, atribuible a los “expertos”, ante lo que no caben alternativas sino tan solo “hacerlo bien”; es la fatalidad de las cifras, de la economía (convertida erróneamente en una suerte de ciencia “natural” independiente de las legítimas decisiones político-institucionales), de la demografía, la que nos dibuja este negro horizonte, frente a lo cual solo cabe esperar que los técnicos den con la receta mágica para que el impacto sea lo menor posible. Ese es el discurso ideológico oculto tras el nombramiento de una “Comisión de Expertos” para sugerir una reforma que ya estaba previamente definida y decidida políticamente en sus contenidos básicos y a la que sólo había que ponerle una fórmula “mágica”, unos números y una cobertura y ropaje “técnico” pretendidamente intachable. Que no nos engañen, ante cualquier política social, económica y jurídica, las reformas legislativas propuestas responden a una determinada ideología o forma de ver el mundo, y de organizar sus relaciones sociales. Y en este caso, es una ideología que prescinde de cualquier ápice de solidaridad institucionalizada entre los individuos, y responde solo la lógica del mercado, de las “almas” individuales, en el decir de la Sra. Margaret Thatcher, emblema del neoconservadurismo contemporáneo, que proclama la supervivencia de los considerados “más aptos” y que condena resueltamente a los considerados “perdedores” por falta de recursos de poder para adaptarse a las exigencias impuestas por el mercado y, con peligro manifiesto para la democracia, por un Estado “al servicio” preferente de la competitividad y de las fuerzas económico-financieras que dominan los mercados (“Estado mercado”).