Los presupuestos ¿de? la recuperación

Ana I. Viñas Apaolaza - Augusto Plató

El Gobierno presentó el pasado día 30 de septiembre, ante el Congreso, los Presupuestos Generales del Estado para 2015 bajo el titular “Las Cuentas Públicas de 2015 impulsan el crecimiento económico, la creación de empleo y la mejora de la competitividad”. Su presentación formal y sobre todo mediática se ha centrado en “vender” que son las Cuentas Públicas de la recuperación, para la recuperación. 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

Sin embargo, de un primer análisis (y siendo conscientes de la dedicación que exige el estudio de los Libros de Presupuestos) estamos convencidos de que lo que el Ministro Montoro tendría que transmitir es que se trata de unos Presupuestos que confían en la recuperación, estimados a partir de unas mejores previsiones de crecimiento del PIB y del empleo.

Y no es lo mismo, pues unos Presupuestos de la recuperación deberían contener medidas claras de política expansiva que impulsasen la demanda agregada, vía consumo e inversión tanto privados como públicos. Y no es así.

De hecho, salvo algunos guiños expansivos (insuficientes desde nuestro punto de vista), la pauta es conservadora, pasiva: dejar actuar a los estabilizadores de los ingresos (impuestos y cotizaciones sociales), y del gasto (confiando en la creación de empleo y el menor desempleo). Con este criterio restrictivo, el resultado es un aumento de los ingresos no financieros del 4,3% frente a PGE 2014 y una reducción del gasto público del 5,1%.

El Gobierno delega en los ingresos procedentes de los impuestos todo el peso del Presupuesto. Espera que su Reforma Fiscal y la recuperación económica incrementen la recaudación. Por ello, el aumento más llamativo se produce en el IVA (un 9,9%) y en el Impuesto de Sociedades (un 5,6%). En cambio, se reduce el IRPF un 0,3% como consecuencia de la Reforma Fiscal.

En materia de gasto público el descenso se debe a la contención de tres partidas clave para la recuperación del gasto en consumo de las familias, que quedan atrapadas en el ajuste: uno, la congelación de salarios públicos, de nuevo; dos, una timidísima revalorización media de las pensiones del 0,25%; y tres, la caída del gasto en prestaciones por desempleo, próxima al 15%. El resto de gastos, juegan un papel secundario.

Es más, el fuerte recorte de las prestaciones por desempleo, estimado a partir de las mejores cifras de ocupación y la reducción del paro registrado, no contempla a día de hoy mejorar la protección por desempleo. Se limita a cumplir con la normativa vigente y olvida que la tasa de cobertura de estas prestaciones ha caído del 78,4% en 2010 al 59,4% (media de 2014). Menos beneficiarios, que cobran menos -tanto por el endurecimiento de las condiciones como por la precariedad del empleo que se está creando desde la crisis-. 

Se podría pensar que, a cambio, ha mejorado el presupuesto para políticas activas y de intermediación (un 16,6%). Sin embargo, el destino de esta partida se concentra sobre todo en el sector privado: Agencias Privadas de Colocación (un presupuesto que ha pasado de 30 a 140 millones €) y bonificaciones a la contratación (crece la partida en torno al 22%). Ambos proyectos del Gobierno, cuya puesta en funcionamiento es demasiado reciente como para apostar por un incremento de tal proporción, sin haber sido evaluados.

En definitiva, las previsiones del cuadro macro del Ejecutivo son tan determinantes en estos PGE que cualquier bache que pueda afectar al consumo y la inversión, como una recaída de las principales economías europeas (Alemania y Francia están en el punto de mira de los pronósticos) supondría una amenaza para su cumplimiento. Con consecuencias, además, sobre el logro de las previsiones de déficit y deuda, que reducirían sus ratios planeados. 

Y no queremos ni pensar que puedan ser necesarios nuevos ajustes en pleno ejercicio, porque la experiencia nos dice que los recortes serán de gasto y los afectados, los de siempre.