lunes, 30 de abril de 2012

Los mercados de trabajo y energético en la base de la competitividad dela economía española

Santos M. Ruesga, artículo publicado en la Revista Ejecutivos

En las últimas semanas he tenido la oportunidad de debatir en distintos foros acerca de los problemas básicos de la competitividad de las empresas españolas particularmente, en relación con las empresas de los países europeos, lugar donde se produce lo esencial de nuestros intercambios comerciales. Desde este punto de vista y en un plano general si en algo estamos de acuerdo los analistas económicos sobre el futuro de la economía española, es en la necesidad de que ésta evolucione hacia un modelo productivo con pautas radicalmente distintas a las que se ha mantenido en el pasado. Pautas, que, en esta perspectiva, se han de materializar en una estructura productiva con una destacada capacidad de competir con el exterior. 

Mejorar el nivel de competitividad se convierte así en un objetivo fundamental, particularmente en estos momentos de crisis profunda. Hay que hacer un esfuerzo importante que canalice el tejido productivo español hacia mayores cotas de competitividad, lo que debiera significar en el futuro ganancias de cuotas de mercado internacional y en última instancia, mejorar de forma sostenible, de nuestra balanza de pagos por cuenta corriente. 


En este sentido, se trataría de aprovechar en los tiempos de crisis para poder cambiar con profundidad. Cambiar en el marco institucional que ordene y regule los diferentes mercados no sólo de producción de bienes y servicios sino también de producción de los principales factores que abastecen la estructura de producción. Pero asimismo, acompasando el cambio institucional y regulatorio, conviene tener presente que las actitudes y aptitudes de los agentes económicos y sociales puedan evolucionar en función de objetivos explícitos de ganancia de competitividad. En ese sentido, se trataría hacer más eficientes a los mercados básicos como el de la energía, el trabajo o el dinero para, en última instancia, orientar la política económica bajo la premisa de ganancias de competitividad relativas frente al exterior y propiciar un cambio en el tejido productivo. No se trata tanto, como he dicho en alguna otra ocasión, de propiciar un cambio en la distribución relativa sectorial del tejido empresarial español, como de mejorar las condiciones productivas en todos y cada uno de los espacios de ese tejido. Dicho de otro modo, el problema no es tanto reducir el tamaño de algunas industrias que en el pasado se han ido sobredimensionando, cuestión que el propio mercado se está encargando de hacer ya desde el inicio de la crisis, como de que todos y cada uno de los rincones del tejido productivo ganen posiciones competitivas de manera sostenible a base de mejorar la productividad interna de sus factores de producción. De este modo, el incremento de la productividad y los factores que en ella confluyen se convierten en los elementos básicos para poder, en ese horizonte que parece ser todavía lejano según nos indican algunos organismos internacionales, salir de la crisis en condiciones mejores, de competencia internacional, que las que mostrábamos al inicio de este período fuertemente depresivo. 


Ganar competitividad más allá de los indicadores globales sobre presencia relativa en los mercados o reducción de precios a través de la disminución, en términos absolutos de costes (posible y particularmente de costes laborales) significa fundamentalmente, incrementar la productividad de los factores a un ritmo superior del que lo hacen los entornos empresariales con los que competimos. Ganar competitividad por tanto, es actuar sobre el conjunto de factores productivos que concurren en la producción de bienes y servicios y aquí, en el análisis de los determinantes que favorecen el crecimiento de la productividad, tenemos un amplio abanico de elementos sobre los que incidir. De un lado la acumulación de capital físico e intangible, sobre todo en este último caso, en lo que se refiere al proceso de incorporación de innovación a las empresas. Se trata, en definitiva, que el conocimiento se convierta en un factor de producción esencial que ofrezca incrementos sustanciales de productividad al resto de los factores de producción, capital físico o capital humano. 

Lo mismo cabría decir en términos de mejora de la calidad del trabajo que se incorpora al proceso de producción o dicho en una jerga más actual, de incremento de la dotación de capital humano. Aquí hay que poner atención especial, dado que los posibles intentos de acelerar la formación o el nivel educativo formal de la población puede no acompasarse con desarrollos tecnológicos no equivalentes a las empresas y por lo tanto generar procesos de sobre educación que, además de suponer un despilfarro en términos de inversión de recursos públicos o privados en este sector, producen un desajuste importante en los mercados de trabajo entre lo que el sector productivo demanda, en materia de cualificación, y lo que los sistemas educativos y de formación ofrecen, en términos de cualificaciones formales. 

Pero hay dos cuestiones más a las que quiero hacer referencia con especial énfasis, las aportaciones del marco institucional al ascenso relativo de la competitividad de las empresas españolas y del propio entorno económico y social o si se quiere de las propias características de la estructura productiva y social en las que se desenvuelve. En la primera cuestión es fundamental tener en cuenta que los marcos de regulación que tratan de ordenar el funcionamiento de los mercados inciden, en última instancia, en el mejor o peor hacer de éstos y por extensión de las empresas que en ellas concurren y, adicionalmente, en los costes de regulación que tienen que absorber las mismas. Por lo tanto, no son baladí los contenidos y las formas de las regulaciones que afectan a los diferentes mercados, de factores productivos pero también de bienes y servicios. En segundo lugar, las características del entorno económico donde se mueven las empresas y las propias de ellas mismas, son fundamentales para entender la posible acumulación de productividad en el seno de las entidades empresariales. Particularmente interesa destacar cómo el tamaño de las empresas es un factor clave a la hora de competir. La excesiva abundancia de pequeñas y microempresas que caracterizan el tejido empresarial español es un elemento retardatario ante las posibilidades de competir en el entorno europeo donde el tipo de empresa predominante no es de tan reducida dimensión como en nuestro caso. 

Ello significa que el número de empresas de origen español que están presentes en los mercados internacionales es excesivamente reducido y muy concentrado en unas pocas que tienen una dimensión más o menos elevada. La gran mayoría de pymes y microempresas que operan en nuestro país tienen escasísimo acceso a los mercados internacionales. Ello significa, como apunta el Prof. Antón Costa, que nuestras empresas exportadoras tienen un razonable nivel competitivo en el ámbito europeo pero, sin embargo, son muy pocas como para aportar un impulso decisivo en el equilibrio de nuestra balanza de pagos. Y por el contrario todas aquellas que están fuera de circulación de los mercados internacionales, la gran masa de pymes y microempresas, tienen un potencial competitivo enormemente reducido, entre otras cosas, por la escasa acumulación de economías de escala derivadas de su reducida dimensión. 

Ambas cuestiones son fundamentales a la hora de interpretar el funcionamiento tanto de los mercados laborales como del mercado energético. En el caso de los mercados que nos ocupa en este artículo, el energético y el de trabajo, ambas cuestiones tienen mucho que ver sobre el grado de eficiencia (o ineficiencia) que alcanzan y que, obviamente, dado su carácter de proveedor transversal de recursos para todos los rincones del tejido productivo, resulta fundamental para definir la dinámica de la productividad en las empresas españolas. En el primer caso, el referenciado a los mercados energéticos, sólo unos breves apuntes para señalar como el mecanismo de regulación del mercado eléctrico y la consiguiente configuración del mecanismo que establece los precios en el mismo no son lo más adecuado que podríamos tener. Los cambios a los que se ha ido sometiendo a la regulación del sistema eléctrico en los últimos años no han confluido, a mi entender, en un aumento importante de la eficiencia del sistema en su conjunto que ofreciera al resto del tejido productivo un suministro de energía eléctrica en precios descendentes y con todas las garantías que ha de tener este tipo de suministros. En términos agregados para el conjunto del país tampoco los resultados llevan al optimismo. Nos encontramos ante un mercado que sigue manteniendo caracteres de fuerte oligopolio, concentrado en muy pocas empresas y sin que el sistema de regulación facilite las prácticas competitivas dentro de él en orden de mejorar su eficiencia productiva y, en última instancia, generando una dinámica sostenida de precios a la baja en el servicio que prestan. 

Lo mismo cabría decir con referencia al funcionamiento del mercado de trabajo y su eficiencia, particularmente para dotar este recurso en condiciones de calidad y flexibilidad de uso a las empresas. Aquí, de igual modo, los mecanismos regulatorios también introducen situaciones adversas o por lo menos no lo suficientemente estimuladoras para la mejora del capital humano. La reciente Reforma Laboral aprobada por el Parlamento no es el mejor ejemplo de cómo estimular el recurso trabajo en las mejores condiciones para la promoción de su calidad y la flexibilidad, que redunden en un incremento per se de la productividad de este factor. De igual modo, aquí, el tamaño empresarial es un factor determinante para el avance y el desarrollo del capital humano, mejor cualificación pero también un uso más eficiente. Con la proliferación de micro y PYMES se dificulta el aprendizaje en las empresas para que se desarrollen cualificaciones adecuadas de manera intensa, al tiempo que se incorporan las innovaciones del proceso de producto y gestión requeridos para aumentar la productividad del conjunto de los factores. 

Por un lado u otro, con escasos incentivos en la regulación a la mejora de funcionamiento sobre todo en lo que se refiere a incrementos de la productividad o estructuras empresariales, por otro lado, altamente oligopolizadas y/o excesivamente dispersas, no se promueven los crecimientos de eficiencia en los mercados de recursos que requiere el aumento de la productividad como base sustancial de una mejor posición competitiva, sostenida en el tiempo, de las empresas españolas en el exterior.
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