jueves, 15 de noviembre de 2012

Los errores y carencias de la política económica

Santos M. Ruesga, artículo publicado en la Revista Ejecutivos, nº 237, noviembre de 2012

Quizás no se ajusta del todo a la realidad hablar de “errores” en el manejo de los instrumentos de la política económica. Hay errores cuando el gestor no acierta a articular un conjunto de intervenciones sobre la marcha de la dinámica económica que permitan corregir la misma en una dirección determinada o cuando se equivoca al elegir los instrumentos adecuados o al ponerlos en funcionamiento. Pero lo que ocurre, en ocasiones, es que los objetivos deseados son más bien políticamente inconfesables. Y cuando esto ocurre, la política económica no se equivoca, tan solo es consecuente con tales objetivos no confesables y no lo es respecto a otros posibles objetivos explícitos, más acordes con lo “políticamente correcto”. 

Si tuviéramos claro que los gestores de la política económica tratan de estimular el crecimiento económico y no lo consiguen, estarían errando en su modo de hacer. Pero si los objetivos son otros, posiblemente no estén equivocándose tanto. 



En un primer nivel de análisis, se observa cómo, desde el inicio de la crisis, allá por el tercer trimestre de 2007, los esfuerzos de las economías más desarrolladas se dirigieron, por un lado, a frenar las posibles situaciones de pánico que pudieran provocar las quiebras de grandes bancos, y, por otro, a promover estímulos fiscales en un intento de frenar la caída del consumo y de la oferta productiva, con el corolario subsecuente en materia de empleo. Inicialmente, parecía que de las reuniones del G-20 habrían de surgir proyectos de cooperación internacional orientados a modificar la situación de los sistemas financieros, re-regulando lo que con anterioridad se había desregulado y, adicionalmente, impulsando políticas fiscales expansivas que hicieran frente al estancamiento de la economía real que ya se vislumbraba a finales de 2007. Las primeras reuniones del G-20 en Washington y Londres, lograron un consenso inicial, al menos nominal, sobre la necesidad de recuperar y potenciar regulaciones que controlaran los excesos habidos en el sector financiero, de luchar contra paraísos fiscales y otras formas de evasión fiscal y poner freno a la caída en las tasas de crecimiento de la economía real. Pero nada de esto ocurrió. Bien es cierto que sí se produjo una cierta unanimidad de facto en cuanto a la necesidad de “rescatar” las entidades bancarias en situación de insolvencia, con diferentes modalidades según países, tras la experiencia de Lehman Brothers, interpretando que la laxitud de las autoridades norteamericanas ante la quiebra de esta entidad ponía de manifiestos la existencia de riesgos importantes de contagio y crisis sistémica que se derivaban de esta actitud (recuperando el viejo paradigma de “too big to fail” para las entidades bancarias). 


En relación con esto, el rescate de los bancos en crisis, en España, se reaccionará tarde frente a la crisis latente de las entidades financieras. El gobierno del presidente Rodríguez Zapatero en un desacertado ejercicio de diagnóstico consideró que la existencia de una dotación de reservas anticrisis, obligada por el regulador, colocaba a las entidades de crédito españolas en una situación solvente frente a los efectos de la crisis financiera. La constatación de que los productos financieros derivados de las “subprime” no habían penetrado con intensidad en el territorio bancario español se superpuso a la evidencia de la existencia de un crack financiero interno provocado por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. De ahí que aquel gobierno “sacara pecho” por lo que entendía era un sistema financiero altamente saneado, hasta que la evidencia puso sobre la mesa las deficiencias del mismo, particularmente en la Cajas de Ahorros (véase al respecto mi artículo en el mes de septiembre en EJECUTIVOS). 

La política desarrollada en este terreno a partir de la evidencia manifiesta de la situación crítica de una buena parte del tejido de entidades crediticias se centró en: a) modificación de las normas del regulador bancario (Banco de España) sobre criterios de solvencia para las entidades crediticias (elevación de los ratios de “core capital”, siguiendo propuestas comunitarias); b) impulso a un intenso proceso de concentración bancaria, particularmente entre las Cajas de Ahorros, en la creencia de que lograr entidades de mayor dimensión vacunaría mejor a éstas frente a los problemas de solvencia registrados (intento fallido en casos destacados como el de Bankia, en la que el proceso de fusión precipitó la crisis de la entidad resultante de la concentración); c) puesta a disposición de las entidades en situación crítica de recursos públicos a través de la creación de una entidad creada “ad hoc”, el FROB, bien a través de préstamos en condiciones preferentes o bien a través de la intervención directa, nacionalizando entidades (cajas de ahorros) que posteriormente serán privatizadas y d) finalmente acudiendo al rescate europeo para recabar fondos destinados a capitalizar, de nuevo, al sistema bancario. A tenor de numerosos analistas, aún con estas reformas y medidas financieras, el sistema bancario español aún no reúne condiciones de credibilidad frente a los mercados, lo que significa que difícilmente puede refinanciar su enorme deuda en los mercados exteriores y, por tanto, ha de seguir recurriendo a recursos públicos, del fisco español o del BCE. En una reciente entrevista el Economista jefe para Europa de Goldman Sachs, Huw Pill, se ha mostrado muy pesimista con el futuro de España, indicando que “la inyección de liquidez (el rescate bancario aprobado por la UE) ayudará a España, pero el problema de este país es bastante más profundo”. Para Huw Pill "a medio plazo es necesario limpiar los balances de los bancos españoles y probablemente reducir de forma significativa el tamaño del sistema financiero español". Y añade: “y la cuantía ofrecida para ese proceso [de recapitalización de la banca española] creo que también se comprobará que es inadecuada. Así que no creo que estemos asistiendo al final del partido” (El País de los Negocios, 21 octubre 2012). Es decir que el proceso de reforma del sistema financiero está incompleto. 

En el segundo aspecto reseñado, políticas de estimulo al crecimiento, destacan los escasos y desordenados esfuerzos realizados hasta mayo de 2010, (concentrados, básicamente en el denominado Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo o, Plan E, encuadrado en el llamado PERE, el Plan Europeo de Recuperación Económica, fue un conjunto de más de un centenar de medidas decretadas por el Gobierno de Rodríguez Zapatero en enero de 2009 y desarrolladas a lo largo de este año y del primer trimestre del 2010), en el ámbito de la UE. La entidad del programa (unos 13.000 millones de euros) no fue, en cualquier de envergadura frente a los problemas de depresión económica que ya se vislumbraban. 

Pero, estas políticas de corte expansivo pasaron al olvido cuando en el año 2010, coincidiendo con una ligera recuperación de algunas de las grandes economías europeas, el objetivo de las políticas económicas se desplazó de forma nítida. En lugar de afianzar la recuperación de actividad económica (sobre todo, para que llegara a todos los países del continente), los esfuerzos se centraron en combatir los déficits públicos que se habían incrementado precisamente con el esfuerzo inicial de las políticas fiscales expansivas (además de por la actuación de los estabilizadores automáticos). El objetivo, por tanto, se tornó no tanto en la recuperación económica sino, fundamentalmente, en el reequilibrio de las cuentas fiscales. 

A partir de aquí afloran para la economía española, de forma evidente y explícita si cabe, las limitaciones que introducía una determinada forma de gestionar la moneda única en un contexto recesivo. Como se ha señalado en diferentes foros “los economistas keynesianos, neo keynesianos y post keynesianos siempre sostuvieron el argumento de que en situaciones recesivas y con trampa de la liquidez – en la que una tasa de interés muy baja no estimula la actividad económica – una política de fuertes recortes fiscales generaría una contracción recesiva porque en ese contexto el multiplicador fiscal sería más elevado y por consiguiente conduciría a fuertes caídas del PIB” (www.augstoplato.blogspot.com). 

En este contexto queda el camino abierto a una política de “Quantitative easing”, al estilo de lo que viene haciendo desde hace años la Reserva Federal de EE.UU., pero el BCE ha sido muy cautelosos en este terreno, siguiendo las pautas de los representantes alemanes, temerosos de que tales actuaciones generaran tensiones inflacionistas. 

Y llegados a este punto, la Unión Monetaria, en su gestión actual, bloquea cualquier posibilidad de generar apoyos para frenar el problema de la deuda soberana, abriendo el camino a la crisis del euro, magnificando así lo que inicialmente era un problema de financiación de deuda (pública o privada) que requiera de un apoyo mancomunado para frenar los ataques especulativos de los mercados financieros. Las políticas de apoyo a la financiación de la deuda soberana, a través de los denominados “rescates” (créditos de organismos comunitarios a bajo tipo de interés para refinanciar deuda pública o privada que se vincula a la anterior), condicionadas a la realización de intensos ajustes en las cuentas públicas y de reformas estructurales encaminadas a reducir los desequilibrios de las mismas, principalmente, solo sirven para dar un pequeño margen de tiempo a las economías periféricas, pero no atacan el fondo del problema: en definitiva la desconfianza de los mercados financieros respecto delas economías fuertemente endeudadas y carentes de impulsos al crecimiento económicos (lastrados por la condicionalidad de los rescates y las políticas de austeridad que les sustentan) lo que les introduce en un circulo vicioso depresivo. 

De aquí a la inestabilidad social y política que se derivan de estas políticas de austeridad, que redundan en recortes continuados en el gasto social, en un contexto de intensa depresión de la renta disponible de las familias. No es de extrañar pues que de aquí se deduzca que, en palabras del profesor italiano Alberto Bagnai, “los responsables políticos europeos han dado la batalla que se les pidió en la lucha por los mercados: una batalla contra el Estado, que finalmente resultó para ser una batalla contra la prosperidad y la paz en el continente europeo (http://www.ilfattoquotidiano.it/blog/abagnai/). Cabe por tanto concluir, en este sentido, que “la crisis ha demostrado que el “fundamentalismo del mercado” como se expresa en muchos de los tratados europeos así como en los “paquetes de rescate” que ahora se están proponiendo, han fallado. 

Pero las carencias no acaban aquí. La centralidad de las políticas macroeconómicas, en la versión de corte neoclásico que vienen impulsando los organismos comunitarios, han dejado a un lado la ejecución de políticas industriales, tanto en el ámbito de las instituciones comunitarias, como en el de la propia actuación de las autoridades españolas. Ello significa que se ha dejado de lado cualquier intento de interferir en la estructura del sistema productivo, con el ánimo de modificar el modelo actual, agotando sus posibilidades de sostenibilidad en el futuro. Sería necesario sustituir este modelo de crecimiento apoyado en el uso intensivo del trabajo precario mal remunerado y poco cualificado impulsando una que sitúe en el centro de los incentivos públicos de todo orden la innovación, condición sine que non para incrementar la calidad y la productividad del trabajo. De ahí el protagonismo que habrían de alcanzar las políticas industriales, energéticas y medio ambientales y al mismo tiempo las políticas educativas para desbloquear los principales cuellos de botella que dificultan el cambio mencionado en España. Se requieren modificaciones profundas en las pautas y formas de gestión de las empresas, potenciando una cultura de la innovación aún escasamente difundida en el sector privado español y cubriendo lagunas tanto en el ámbito de la innovación gerencial y empresarial como en la formación de los trabajadores, así como un cambio en la aptitud empresarial que abra camino a procesos de cooperación, concentración y crecimiento que redunde en empresas industriales de mayor dimensión, con mayor propensión a la innovación y a la exportación. Y, sin embargo, el crack financiero y sus secuelas y, sobre todo, la panoplia de políticas monetarias y fiscales articuladas para hacer frente a éste, con el añadido de las reformas estructurales “ad hoc”, han dejado fuera de cualquier consideración a las políticas industriales, denostadas en el discurso ideológico dominante en la Unión Europea. 

Recuperar la senda del crecimiento requerirá, sin duda, políticas fiscales de estímulo al consumo y a la inversión empresarial, cosa que en el momento actual están bloqueadas a causa de la política monetaria europea, así como de acabar de una vez por todas la reforma del sistema financiero que abra las puertas al crédito. Pero de igual modo y de forma intensa, la sostenibilidad a futuro de tal hipotético crecimiento demanda actuaciones que incentiven la mejora dela competitividad del tejido productivo, particularmente el industrial, no lo en el campo de la política industrial, sino también reformas estructurales en sectores estratégicos cargados aún de ineficiencias en el funcionamiento de sus respectivos de mercados (energía, comunicaciones, etc.).
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