viernes, 15 de junio de 2012

Sálvame, rescátame


Santos M. Ruesga y Carlos Resa - Augusto Plató


Mientras programas como “Sálvame” y “Salvados” triunfan de distinto modo en el paisaje televisivo, el término “rescate” ha pasado a ser parte de la parafernalia ciudadana y palabra tabú en el vocabulario del gobierno. Son las costumbres patrias y Mariano Rajoy está en lo cierto: el debate nominalista es estéril. La clave del europréstamo (llamémosle así por economía de las palabras) es doble. Deja sobre la mesa una realidad y dos preguntas. La evidencia: el gobierno español es incapaz de recapitalizar en solitario su propio sistema financiero. Los interrogantes: ¿quién pagará el mencionado préstamo? y ¿será suficiente? 

Hay tres potenciales pagadores finales del europréstamo: los bancos españoles a los que está estricta y legalmente está destinado; el estado español, que es quien lo recibe nominalmente; o todos los estados de la UE, que son quienes lo capitalizan mancomunadamente. La UE, cuando fije las condiciones específicas, ha dejado meridianamente claro que lo protegerá contra cualquier posible quiebra del estado español haciéndolo preferente a cualquier otro posible acreedor, lo que reduce la lista de pagadores a dos: los bancos españoles o sus ciudadanos, por la vía de reducciones de gasto público y aumentos de impuestos. 

El gobierno español responde que serán los bancos españoles los pagadores últimos y que él únicamente actuará de intermediario en beneficio de los contribuyentes españoles, prestando ese dinero a los bancos a un tipo de interés por encima del de emisión. Prevé ganancias del orden de entre cuatro y cinco mil millones de euros anuales fruto de la diferencia entre el tres por ciento al que recibiría el préstamo y el ocho por ciento al que se lo trasladaría a los bancos. De ser cierto, sería de gran ayuda para el maltratado sector público español aunque no sería ni mucho menos suficiente para eliminar el déficit público. 


A finales de 2011, la deuda total del estado español ascendía a 735.000 millones de euros, el 68,5 por ciento de su Producto Interior Bruto (PIB). El europréstamo en su cuantía máxima llevaría la deuda pública al 77,8 por ciento. En términos relativos, el endeudamiento del sector público español es mucho menor que el de los tres países de la eurozona que han recibido rescates: Grecia (165,3 por ciento del PIB), Irlanda (108,2) y Portugal (107,8). Es menor incluso que el de los principales países de la UE que avalan en última instancia el europréstamo: Italia (120,1 por ciento), Francia (85,8), el Reino Unido (85,7), Alemania (81,2) y que de la UE en su conjunto (82,5) y la zona euro (87,4). 

Visto desde la perspectiva de credibilidad crediticia, el problema del endeudamiento público de España no es su cuantía total sino la velocidad de crucero de su progresión. Pese a los esfuerzos de austeridad, más efectistas que reales, la deuda pública se ha duplicado en euros corrientes desde el inicio de la crisis. Entre 2007 y 2011 pasó del 36,3 al 68,5 por ciento del PIB. Con el actual desequilibrio de las cuentas públicas, todo el europréstamo cubriría menos de un año y medio de déficit público. Peor: ni siquiera completaría la refinanciación de 160.000 millones de euros a la que se ve abocado en lo que resta de 2012 a tipos de interés que ya alcanzan rangos de suicidio, el 6,7 por ciento al cierre de este artículo, ya sin la colaboración indirecta de la reciente barra libre de liquidez del Banco Central Europeo (BCE) a los bancos privados. 

Existen escasos y problemáticos visos de mejora de la situación económica general en España como para imaginar un descenso vertiginoso de ese deterioro en el sector público y en el sistema financiero. Es más, las medidas de austeridad tienen un efecto redundante sobre la recesión. Nuevas reducciones del gasto público reducen la demanda agregada en un círculo vicioso del que no se encuentra una salida ni pronta ni duradera por más promesas de prosperidad que llevaban aparejadas las reformas estructurales, en particular las sucesivas reformas laborales. 

Los créditos hipotecarios a las familias representan 656.500 millones de euros, más de la mitad del PIB español. Las familias capearán con dificultad el huracán del desempleo bajo una legislación que, a diferencia de Estados Unidos, impide la dación de la vivienda para cancelar la hipoteca y conlleva a la persecución del moroso hasta la tumba. Y no es la parte más grave de los dilemas del sector financiero español. 

Pero el grueso de la morosidad está en los créditos a las empresas constructoras e inmobiliarias. Con el mercado inmobiliario completamente paralizado, son en gran medida incobrables y estas empresas sólo han podido sobrevivir hasta la actualidad gracias a refinanciaciones permanentes y artificios contables. Después de haber declarado ya como morosos 80.000 millones de euros, los créditos vivos exclusivamente a ambos sectores, suman 397.000 millones de euros, más que el PIB de Colombia o Finlandia, y el 22,3 por ciento de su cartera crediticia total de 1,8 billones de euros. 

Ése es, al menos, el tamaño del agujero del sistema financiero español, es decir, cuatro veces más de lo acordado en el europréstamo. El estado derivado de quiebra latente y, a través de la generosidad del préstamo interbancario, casi universal se ha venido tapando en banca minorista con amplísimas y sucesivas rondas de liquidez del BCE: préstamos de 316.000 millones de euros al uno por ciento de interés acumulan los bancos españoles con el banco central. Pero ya anunció el BCE los límites a esta política de expansión monetaria cercenada a los bancos. 

Sólo quedan dos alternativas para solventar el panorama: quiebra y liquidación, con la correspondiente y costosa compensación pública a través del Fondo de Garantía de Depósitos de hasta cien mil euros por cuenta, o rescate con dinero público. Que no se opte por la primera opción tiene dos motivos. Primero, el pánico agudo que los políticos de cualquier lugar del mundo sienten por el pánico financiero anexo a cualquier quiebra. Segundo, y consecuencia de la anterior, desde la quiebra de Lehman Brothers y el tsunami que provocó, la política explícita en todo el mundo es no permitir la quiebra de bancos, al menos de los de mayor tamaño. 

Si se cierra la posibilidad de la quiebra, el recurso a una intervención exclusivamente española está fuera de la realidad. Aunque es tan sólo el diez por ciento del dinero que los gobiernos europeos han dedicado a rescatar a sus bancos, desde el inicio de la crisis entre avales, préstamos, nacionalizaciones y ayudas directas, el sector financiero ya ha recibido 168.000 millones de euros del sector público español, casi la mitad del aumento de la deuda pública en ese periodo. Pero el crecimiento disparado de los tipos de interés de la deuda soberana española impide la continuación de un rescate exclusivamente interno del sector financiero. 

La mencionada enormidad de la deuda de los bancos españoles con el BCE en sus subastas de liquidez es motivo más que suficiente para un apoyo mancomunado en la UE a ese rescate. Podría alegarse que la independencia del banco central, es razón suficiente para que los estados no participen de sus preocupaciones. Al menos así hace explícita la inversa el BCE ocasionalmente resaltando su independencia. Pero los gobiernos europeos, aparte del BCE, tienen sus motivos propios y de enorme tamaño para participar en el rescate al sistema financiero español. 

El endeudamiento del sistema financiero español con el exterior es de 716.000 millones de euros, a los que hay que sumar los 175.000 millones de deuda con el Banco de España, que actúa como brazo ejecutor de préstamos del BCE. La inmensa mayoría de ese crédito se concentra en los países de la UE. Las familias y empresas españolas suman 423.000 millones de euros de endeudamiento externo adicional. En esas condiciones, cualquier opción cercana a la quiebra y liquidación de los bancos españoles tendría para los bancos europeos efectos devastadores y probablemente cercanos a la quiebra. 

Con la amenaza de tsunami, el rescate es materia común en Europa. No lo es ni la generosidad propia de la solidaridad del modelo social europeo ni el admirable aunque inestable y asimétrico entramado institucional creado alrededor de la UE y su moneda común. Por ahora se instauró mediante préstamos en la esperanza de que España sea capaz de devolverlos gracias a una recuperación económica que se desconoce cuándo ocurrirá. Y así probablemente la solución del europréstamo no sólo sea temporal sino también incompleta en sus contenidos. Habrá nuevos episodios de “Sálvame” porque con la actual política no están “Salvados” ni los bancos españoles ni sus ciudadanos.
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