Norberto E. García - Augusto Plató
(Agradezco los comentarios de Santos M. Ruesga Benito, decisivos para este artículo de opinión)
La Comisión Europea acaba de efectuar
un llamado de atención a España por los desequilibrios macro económicos, del
mercado de trabajo y de otras áreas que sufre el país y le ha solicitado al
Gobierno que introduzca nuevas reformas (recortes) en áreas claves como mercado
laboral y pensiones, o en su defecto sufrir la aplicación de penalidades que
implican el pago de multas de varios miles de millones de Euros.
El Gobierno no ha respondido a este
comunicado de la Comisión Europea como se merece: todos los desequilibrios
enunciados han sido agravados por las políticas de austeridad fiscal extrema
impuestas por la propia Comisión Europea en 2010-13, siguiendo la recomendación
del Gobierno de Alemania, en todas las experiencias del Sur de Europa – y en
España en 2012-13. El factor común es que esas políticas han sido un fracaso en
todas y cada una de las experiencias en las que fueron aplicadas y no existe en
Europa – o fuera de Europa – una sola experiencia que haya sido exitosa en
detener las tendencias recesivas y lograr la recuperación del crecimiento aplicándolas.
Sin duda, varias Administraciones políticas
españolas comenzando por la Administración Aznar y siguiendo por la
Administración Zapatero, son plenamente corresponsables del desastre que sufrió
España en 2008-09 y la continuidad de la recesión en los años siguientes.
Ejemplo de esa corresponsabilidad son: i) la aprobación de la ley de suelos que
instala un contexto legal propicio a una desenfrenada bonanza inmobiliaria, ii)
el no haber percibido que al adoptar el Euro, España debía aumentar el
crecimiento de la productividad y contener el alza de salarios para poder
mantener un mínimo de competitividad en la Eurozona y evitar una apreciación
real[1]/;
iii) haber permitido un descontrolado
incremento del endeudamiento externo privado – bancario - para equilibrar los déficits externos que
fueron creciendo y acumulándose en 1999-2007; iv) no haber controlado a los
bancos privados en la asignación prioritaria hacia el negocio del ladrillo de
los recursos externos obtenidos de préstamos
del exterior siguiendo la mayor rentabilidad que la apreciación real
indujo y no haber frenado el desarrollo de la corrupción – particularmente en
las Cajas - que la fuerte expansión del crédito bajo condiciones laxas permitió;
v) no haber adoptado las medidas de defensa frente a la crisis global externa a
mediados del 2008 cuando en todo el mundo se sabía que dicha crisis había
estallado a fines del 2007 y de hecho estaba afectando ya a España; vi) posteriormente,
no haber adoptado una política efectiva de contención de la crisis en lugar de
medidas puntuales que confiaban en una pronta recuperación; vii) a partir del
2010, el viraje parcial hacia una política de austeridad que no podía
amortiguar la contracción económica ni obtener una recuperación, viii) en
2012-13 la implementación completa de las recetas de inspiración germana
exigidas por la Comisión Europea que generan una nueva contracción del
crecimiento y una nueva fase de la recesión española.
La austeridad fiscal extrema y
restantes medidas se originan en la propia experiencia de Alemania en 1998-2007.
En 1999-2005 Alemania introduce recortes
al Estado del Bienestar, reduce los impuestos e implementa una reforma al
mercado laboral para contener salarios y elevar la productividad. Todo ello
para impulsar una mayor competitividad de Alemania. En 2002-2007 Alemania
efectúa una significativa reducción del déficit público hasta alcanzar un
superávit fiscal.
Pero es muy importante recordar que
estas reformas las efectuó en un contexto especial. En el 2000-2005 el Banco
Central Europeo implementa una política monetaria expansiva, que impulsa el
aumento del crédito en toda la Eurozona. Esto
compensa el efecto contractivo de la reducción del déficit público en
Alemania y, adicionalmente, al generalizar el impulso expansivo a toda la
Eurozona, expande los mercados externos europeos para las exportaciones alemanas,
facilitando así en ese país una política macroeconómica expansiva a pesar de la
contracción del déficit público.
Cuando se desata la crisis del 2008-09
y a partir del 2010, el Gobierno Alemán hace énfasis en el seno de la Comisión
Europea en las mismas políticas que fueron exitosas en Alemania para lograr un crecimiento competitivo. A ello se le suma el convencimiento –
equivocado - de que el alza en los precios de los bonos de la deuda pública en
los países del Sur de Europa requería de una reducción rápida del déficit
público para ganar nuevamente la confianza del sector privado – como
precondición para la recuperación del crecimiento[2]/.
Pero estas recomendaciones son efectuadas en un contexto totalmente diferente al vivido por Alemania
en 1999-2007.
Después de la crisis del 2008-09 los
países del Sur de Europa seguían en recesión, y, a la inversa de lo registrado durante el
período previo de Alemania, no disponían de una política monetaria y crediticia
expansiva – ya que el propio Gobierno Alemán y el Bundesbank se opusieron
tenazmente a que el Banco Central Europeo implementara la misma. Tampoco se
disponía de mercados externos creciendo, ya que la recesión había afectado los
mercados de todos los países de Europa y Alemania se negaba a expandir su
economía. En este diferente contexto, aplicar una austeridad fiscal extrema y
rápida, reducir salarios y restructurar la banca, no podían dar el mismo
resultado que el registrado previamente en Alemania.
En una economía en recesión, el gasto
privado se está contrayendo – en parte por el aumento en la demanda por la
liquidez, en parte por el proceso de desendeudamiento y en parte por temor a lo
que podría suceder. Si no existe la posibilidad de reorientar velozmente parte
de la producción hacia exportaciones – como de hecho ocurría en los países del
Sur de Europa – y tampoco existía una política monetaria expansiva para
compensar la situación – como las aplicadas en EEUU, el Reino Unido y más
recientemente Japón - una rápida reducción del gasto público y elevación de
impuestos generaría un agravamiento de la recesión. Los multiplicadores del
gasto fiscal se elevan cuando se enfrenta una recesión y cuando no existe la
posibilidad de implementar una política monetaria expansiva, lo que significa
que la austeridad fiscal extrema generaría indefectiblemente fuertes tendencias
contractivas que agravarán la recesión. Esto a su vez, impediría la reducción
del ratio (Déficit Público/PIB) y (Deuda Pública/PIB) provocando el fracaso de
la política de austeridad aún en el ámbito fiscal – tal como ha ocurrido en
España en 2012.
Adicionalmente, la reducción de
salarios es un camino viable cuando aplicado con moderación, actúa como proceso
de ignición, vía aumento de la rentabilidad, de las decisiones de inversión
privada en equipos, innovaciones, entrenamiento laboral, etc., requeridos por
un aumento de la competitividad. Pero no es por sí sola capaz de cerrar una
brecha de casi 30 por ciento de competitividad como la registrada en España en
2010. Para eso se necesitaría casi una década de reducción de salarios lo que
es prácticamente inviable – y socialmente injusto. Lo que realmente es
indispensable son políticas deliberadas para el aumento de la productividad
total y la reducción de los costos totales
unitarios.
Similarmente, la restructuración de
la banca prestó atención a los
indicadores de solvencia y morosidad existentes en 2010-11, pero no reparó en
que el agravamiento de la recesión originado en la propia política de
austeridad fiscal extrema del 2012 debilitaría gradualmente aún más la posición
de los bancos viables – como se está ya percibiendo actualmente.
Adicionalmente, ni el Gobierno ni la Comisión Europea parecen haber previsto el
efecto del desendeudamiento del sector privado que está teniendo lugar desde el
2011. El desendeudamiento implica que el sector privado prioriza el pago de
préstamos y ello reduce su gasto. También significa que las empresas y familias
involucradas en el proceso de desendeudamiento, no demandarán nuevos créditos
bancarios hasta alcanzar sus metas de desendeudamiento. Por consiguiente, por
un lado es un factor que contribuirá a deprimir el gasto privado y por el otro
reducirá la demanda por crédito. Como resultado, el aumento del crédito
enfrenta restricciones por el lado de la oferta de crédito y también una
debilidad de la demanda por crédito originada en lo expuesto.
Finalmente, ni las políticas de la
Comisión Europea ni el actual Gobierno de España han prestado atención a la
única política que podría sacar a España del pantano en que se encuentra:
montar un bien diseñado sistema de promoción de exportaciones, buscando una
diversificación de mercados y productos, apuntando a mercados de fuera de la
Unión Europea. Han transcurrido cinco años desde el impacto de la crisis y
todavía España no cuenta con mecanismos institucionales con fuerza suficiente
como para desarrollar prioritariamente una política de promoción de exportaciones
agresiva y potente. Descansar sólo en la reducción de salarios para ganar
competitividad conduce a ignorar la opción que realmente necesita España.
Hecho este balance, la pregunta que
cabe efectuar es porqué el Gobierno no le responde a la Comisión Europea
subrayando y puntualizando los errores y omisiones de las políticas
recomendadas. ¿Es por ignorancia? ¿Es por falta de convencimiento? ¿Es por
falta de decisión? ¿Es por conveniencia? El Gobierno parece por un lado estar
convencido de una parte importante de la receta de la Comisión y por el otro ha
demostrado una ignorancia sobre cómo funciona la economía y una incompetencia
de gestión notables – y esta combinación es fatal para poder enfrentar el
desafío actual. Lo que debería quedar claro
es que seguir callando una respuesta franca y decidida, lo convierte en
cómplice de los desastres patrocinados por Bruselas e inspirados en las
recomendaciones del Gobierno Alemán.
Por norma, las entidades
internacionales como la Unión Europea no avanzan más allá de lo que lo hacen
sus países miembros. La falta de una respuesta contundente del Gobierno de
España – y de los restantes países del Sur de Europa – fortalece la presunción
de Bruselas de que existe cierto perímetro de acuerdo en torno a sus políticas
– o al menos da legitimidad formal a sus recomendaciones. Esto a su vez
prolonga la agonía de los países del Sur de Europa. A la inversa, una respuesta
contundente de los países del Sur de Europa obligaría a Bruselas a revisar sus
políticas, aun cuando Alemania, Holanda, Finlandia y algún otro país del Norte
de Europa sigan apoyándolas. Explicitar las diferencias es dar las señales
correctas para iniciar el proceso de revisión de las actuales políticas de
austeridad fiscal extrema. No hacerlo es transformarse en cómplice de las
mismas.
[1]/ Apreciación real en el sentido de elevación de la relación entre
los costos laborales unitarios en España versus los registrados en los
restantes países de la Eurozona.
[2]/ Como se demostró en la práctica, la escalada de la prima de riesgo
fue detenida por un anuncio del Banco Central Europeo a mediados del 2012 y no
por la política de recortes fiscales - anuncio en que dicho Banco amenazó con
comprar bonos de la deuda en mercados secundarios si continuaba la presión
sobre los mismos.
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