La "economía sumergida" y el "tax gap", ¿hay soluciones?

Domingo Carbajo y Santos M. Ruesga - artículo publicado en La verdad (4 de mayo de 2013)

Los últimos datos sobre la economía española no dan pie sino para la desesperanza. Con un índice de paro del 27,16% y un volumen absoluto de 6.207.700 personas desempleadas, según la última Encuesta de Población Activa relativa al primer trimestre del ejercicio en curso, el drama nacional no cesa de crecer.

Los estudiosos y los medios de comunicación siempre han encontrado una doble respuesta a la ausencia de graves conflictos sociales latentes tras estos datos: la red de apoyo familiar y la "economía sumergida". La primera ha permitido que nuestros jóvenes y muchos desempleados ya entrados en años, hayan podido seguir subsistiendo, gracias a la contribución económica de su entorno familiar; la segunda significaría sostener con su empleo irregular y sus salarios negros, sin pagos de impuestos ni contribuciones a la Seguridad Social, un nivel de vida siquiera de subsistencia, ocultando cualquier planteamiento de revuelta o crítica social.

Foto: Nacho Pérez

Y los datos parecen avalar este segundo recurso ante el problema social del desempleo. Así, diferentes estimaciones acerca de la relevancia de la "economía sumergida" en España, sitúan sus cifras en el entorno del 20 al 25% del Producto Interior Bruto; es más, las evaluaciones más recientes (CES, 2013; Ruesga Benito, Santos, 2012) afirman que la crisis económica no ha hecho sino aumentar el citado porcentaje, lo que supondría una correlación directa entre la disminución del PIB y el aumento de la relevancia de la "economía sumergida".

Por ello, ante el cuadro macroeconómico presentado recientemente por el Gobierno, el cual proyecta una evolución anémica del PIB hasta el año 2016, solo cabe concluir que la importancia de la "economía sumergida" no hará sino ascender en nuestro país. Es más, surge la duda razonable de su esta perspectiva es bien vista por la población, un Ejecutivo y unos agentes sociales que la configuran como válvula de escape, un alivio ante otros problemas sociales más graves y acuciantes, empezando por el propio desempleo.

Sin embargo, y contradictoriamente, otra corriente de opinión destaca los graves daños que la "economía sumergida" causa a la sociedad: explotación de la mano de obra, ausencia de protección social, disminución de los recursos a la Seguridad Social, básicos para sustentar una política de pensiones públicas centrada en un modelo de reparto y, en especial, su directa relación con el fraude fiscal, precisamente, en unos momentos en que la errónea "política de ajuste más austeridad" nos lleva solo a más paro y a más depresión.

Si queremos, simultáneamente, reducir el déficit público, salvar la cohesión social y mejorar nuestra competitividad resulta imprescindible luchar contra la "economía sumergida" y no permitir su desarrollo o contemplarla con indiferencia como si se tratara de un mal menor.

El fraude fiscal provocado por la "economía sumergida" es uno de los componentes, no el único, del llamado "tax gap", es decir, de esa brecha creciente entre lo que se debería ingresar en las arcas públicas y lo efectivamente ingresado, elemento sustancial a la hora de explicar la crisis fiscal del Estado Español, incapaz a pesar de constantes y reiteradas subidas impositivas de aumentar la presión fiscal (que sigue siendo inferior a la de 2007; OCDE, 2012).

A pesar de que defendemos que no es de recibo, en términos académicos, identificar de forma mimética "economía sumergida" con evasión tributaria, lo cierto es que los escasos estudios dedicados a cuantificar el fraude fiscal en España así lo hacen y evalúan hasta unos 89.000 millones de euros la cifra de pérdidas para el Fisco por el fenómeno de la "economía irregular".

Dejando de lado los problemas terminológicos, lo cierto es que solucionar la "economía sumergida" conllevaría también reducir fuertemente el volumen de fraude fiscal y, a la vez, cumplir con el sacrosanto (sic) Grial del déficit público, ese mítico 3% sobre el PIB.

Para ello, no basta, ni es conveniente adoptar ante el fraude y la "economía sumergida" medidas solo puramente represoras, como las incluidas en la reciente Ley 7/2012, de 29 de octubre. Es imprescindible elaborar un Plan Integral y a largo plazo que empiece por la educación cívico-tributaria y social en la escuela, pues la irregularidad es una manifestación asocial más, un comportamiento insolidario que no pueden, ni deben permitirse las sociedades avanzadas.

Supone, asimismo, implementar las políticas preventivas, por ejemplo, la eliminación de los billetes de gran numeración, caso de los de 200 y 500 euros, e incentivar el uso de instrumentos electrónicos de pago que, además de apoyar la competitividad y el crecimiento del PIB, dificulten el uso de la savia esencial de toda economía ilícita: las transacciones en efectivo. El uso de los medios electrónicos en las transacciones no solo hará más costosa la realización de actividades irregulares, sino que irá en favor de las nueves tecnologías, el dinamismo, el crecimiento económico y la innovación.

La "economía sumergida" y el fraude fiscal se retroalimentan y no son fenómenos coyunturales, males necesarios, sino que requieren de medidas complejas, preventivas, reparadoras y represoras, la adopción de un Plan Integral, con un planteamiento a largo plazo, que implique a la sociedad civil y a sus agentes.