El paro de larga duración: consecuencias y futuro

El paro de larga duración se ha convertido en un acuciante problema que sacude la estabilidad no solo del mercado de trabajo, sino también social. Los riesgos potenciales que acompañan a esta situación son numerosos y en general todos ellos derivan en un elemento común: la pobreza y exclusión social. 

En España la tasa de paro se ha situado en el tercer trimestre de 2011 en el 21,52 por ciento, lo que equivale a 4.978.300 personas que buscan empleo de forma activa. De entre ellos, cerca de la mitad, concretamente el 48,2 por ciento, lo lleva haciendo durante al menos el último año, o lo que es lo mismo, cerca de 2.398.500 personas se encuentran en situación de desocupación durante al menos los últimos 12 meses. Desde el comienzo de la crisis económica, el desempleo de larga duración ha experimentado un fuerte crecimiento avanzando 26,2 puntos porcentuales –periodo comprendido entre el tercer trimestre de 2007 hasta la actualidad-. España, según los datos de Eurostat aportados hasta el segundo trimestre de 2011, se sitúa en segundo lugar a la cabeza en cuanto a la evolución del paro de larga duración tras el comienzo de la crisis, por detrás de Irlanda, distanciándose de la media Europea, la cual se ha mantenido prácticamente en el mismo nivel a lo largo de este periodo. Esta situación conlleva una pérdida en la capacidad competitiva de la economía española con respecto a su entorno, que dificultará el inicio de la recuperación, pues el mercado interno va reduciendo su dimensión.
La falta de ingresos que se deriva del paro de larga duración se convierte poco a poco en una lenta agonía que introduce a la población afectada en una situación de exclusión social y pobreza. La necesidad de llevar a cabo políticas de redistribución de renta que amortigüen este proceso son necesarias, pues limitarán el avance de la desigualdad social, añadiendo a ello que las malas perspectivas que se ciernen a futuro sobre la economía europea y, por ende, la española, no hacen más que incrementar este riesgo.

A su vez, no se debe descuidar el proceso de mejora en la formación de la población desocupada, especialmente aquella que, dado al largo tiempo de estancia en el desempleo, se encuentra con un mayor desfase en cuanto a sus conocimientos y los requerimientos formativos actuales demandados en el mercado. El 82,7 por ciento del paro de larga duración se concentra en aquellos trabajadores que poseen un nivel formativo equivalente o inferior a la educación secundaria. Este hecho evidencia que son los trabajadores con menor nivel cualificativo los que más expuestos están al riesgo del paro de larga duración. La demanda laboral ha cambiado su estructura desde el comienzo de la crisis económica. Actualmente el peso que poseen en el empleo los trabajadores con un nivel de formación similar o inferior al descrito anteriormente, aunque equivale a cerca del 62 por ciento del empleo total, ha descendido en los últimos dos años en 5,1 puntos porcentuales, suponiendo más de 2,5 millones de puestos de trabajo destruidos en este periodo. A su vez, son los ocupados con un nivel de estudios superior (enseñanzas universitarias y de máster o doctorado) los que han ayudado muy limitadamente a mitigar el efecto de esta caída, aportando 214.800 ocupados. En este sentido el papel de las políticas activas de empleo, especialmente orientadas a la formación, deben jugar un papel importante en adecuar la oferta laboral a la demanda del mercado.

El agotamiento del modelo productivo anterior es el principal factor explicativo de la actual situación económica, sin embargo, ésta debe ser considerada como una oportunidad creciente que hay que saber explotar, pues debe ser aprovechada para mejorar nuestro desarrollo económico y potenciar la competitividad. Eso sí, evitando descuidar que ningún sector de la población quede descolgado, pues se habría mejorado la eficiencia económica a costa de reducir la equidad.

Manuel Pérez Trujillo-Augusto Plató