jueves, 17 de mayo de 2012

Contigo no vivo y sin ti me muero, Europa

Santos M. Ruesga (artículo que será publicado en la Revista Ejecutivos, nº 233, junio de 2012)

Cuando el día 14 de mayo pasado un periódico de tirada nacional reprodujo el “post” que el Nobel de Economía Krugman había colgado en su blog, las fogatas de la debacle financiera se avivaron rebasando incluso los límites de los cortafuegos al uso. Ese lunes habían vuelto a caer los índices bursátiles, más allá de los niveles mínimos alcanzados tras la quiebra de Lehman Brothers, hace ya casi cuatro años, y la prima de riesgo continuaba su ascenso, superando sus máximos históricos. No, las hipótesis del economista americano no eran tan descabelladas. 

El sábado anterior, el día 12 el Boletín Oficial del Estado había publicado el R.D. ley 18/2012, sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero, en un intento más del gobierno (su segundo, pero el cuarto si contamos los anteriores del gobierno de Rodríguez Zapatero) de atajar los negros augurios que aquejan y aquejan al sistema financiero español. La esencia del decreto viene a recoger, intensificando, las medidas de los anteriores: aumentar provisiones frente a los riesgos más sobresalientes de la banca española (el endeudamiento de la industria del ladrillo), promocionar nuevas fusiones buscando mayores dimensiones en las empresas financieras, introduciendo algún elemento nuevo, como la promoción de sociedades para gestionar y enajenar los activos inmobiliarios tóxicos de los bancos y cajas de ahorros, previa provisión de los mismos. Todo ello con incentivos fiscales de por medio y amenaza de intervención pública sino se cumplen los objetivos previstos en el Real Decreto-ley. 


Con estos mimbres no es de extrañar que tanto los académicos y analistas (Krugman y otros) como los mercados interpreten que este nuevo episodio normativo contribuiría poco o nada a despejar los negros nubarrones que cubren el cielo de nuestro sistema financiero. De poco sirven las palabras elogiosas que han prodigado en esta ocasión, y en las anteriores, diferentes portavoces de la Comisión Europea, Fondo Monetario Internacional o Ministerios de Finanzas de países amigos. Se estrellan contra la dureza de los hechos, de los mercados, que mantienen su fuerte desconfianza en el euro y buscan al más débil del club de esta moneda para fijar ahí sus garras especulativas, tensionando aún más al alza sus tipos de interés. Y es que tales medidas no solo son insuficientes para frenar los ataques de los mercados a la deuda soberana, sino que pueden acabar echando más leña al fuego. 

A fin de comprender tales aseveraciones, convendría, inicialmente, deshacer algunas falacias con las que se presentan al público estas medidas. Por ejemplo, no es cierto que no cuesten dinero al erario público, es decir a los ciudadanos. Y si es cierto que lo cuestan, lo que hacen es poner un granito de arena más a la desconfianza de consumidores e inversores y un poco más de caldo al espíritu de indignados que buena parte de la ciudadanía está desarrollando. 

Por un lado, está el acompañamiento de medidas fiscales a los proceso de integración y creación de empresas inmobiliarias “ad hoc”. Eso es dinero público. Pero por otro, y esto es quizás lo más significativo, la intervención con préstamos del FROB para apoyar la vía de saneamiento elegida significa mayor endeudamiento del erario público y, por el momento, incremento en los pagos de intereses que si repercuten en el déficit. Porque los requerimientos de financiación para que el Estado preste a la banca, en aras de provisionar sus activos tóxicos y sanear sus balances, afecta al interés que las administraciones públicas han de pagar por la totalidad de su deuda, a más demanda más precio. Se acentúa el problema de la deuda soberana, pues los prestamistas en última instancia son los bancos, pero con el aval/intermediación del Estado. Un Estado poco endeudado, relativamente, al principio de la crisis, está incrementando fuertemente su ratio de deuda/PIB por el incremento de deuda destinado, en parte, a los apoyos a la banca, y por el descenso del PIB. Es decir, se frena la circulación del crédito sin garantías de mejora en el nivel de confianza de los mercados, porque las provisiones nunca van a cubrir el volumen de activos potencialmente con riesgo. También, en materia de transparencia de las instituciones financieras española, elemento importante para mejorar la confianza, queda mucho por hacer. 

Y es aquí donde se puede observar otro de los problemas colaterales del tipo de actuaciones que plantea el referido decreto. El ascenso del volumen de reservas al que se va obligando a la banca, para provisionar el riesgo de los activos inmobiliarios, afecta a la disponibilidad de recursos para generar nuevos pasivos/prestamos. Lo que afecta directa e intensamente a la disponibilidad de recursos por parte del sistema productivo para mantener e incrementar la generación de valor añadido y, por extensión de empleo. La ausencia de financiación para las empresas significa cierres o ajustes de plantilla, con el añadido de los efectos sobre la demanda agregada de las políticas fiscales contractivas (recortes). Todo lo cual redunda en recesión, es decir el numerador del indicador de endeudamiento soberano crece y el numerador (indicativo de la capacidad de pago) disminuye. Pésimo escenario. 

Me dirán, y es cierto, que ante tales circunstancias hay que hacer algo, en particular el gobierno de turno. Creo que podría empezar por hablar claro, explicando bien las medidas que adopta y, sobre todo no tratando de engañar sobre la aportación de recursos públicos. Creo que el común de los ciudadanos puede entender que ante una tesitura de estas características el Estado tiene que poner dinero para salvaguardar al sistema financiero nacional, o al menos a la parte más saneada del mismo. Pero para que ello sea aceptado, aunque sea a regañadientes, resulta preciso que tengamos claro que no se comenten los mismos errores del pasado y que a las cosas se les llama por su nombre. 

Que no se vuelve a caer en el “riesgo moral” de mantener al frente de las entidades apoyadas o intervenidas a los mismos “malos gestores” que las han llevado a esta situación o que no se les premie por sus malos oficios con amplios y extensos bonus u otros modos de elevada y exagerada remuneración. Algo ha hecho el gobierno en este sentido, en unos casos forzando el cese de gestores incompetentes (caso Bankia), en otros introduciendo algunos límites a las remuneraciones de los gestores de entidades bancarias que utilizan recursos públicos. Un poco tarde para generar confianza a corto plazo, pero sin duda, medidas necesarias. 

Pero, en esta línea, hace falta más acción para evitar las continuas actitudes de riesgo moral así como la desconfianza generalizada de los ciudadanos respecto al sistema bancario. La mejor garantía de que el erario no acaba cubriendo los desaguisados del sistema bancario lleva a optar por un modelo como el sueco, en la pasada década, para hacer frente a potenciales crisis de insolvencia, lo más efectivo es nacionalizar las instituciones que mayor riesgo acumulen y, por tal motivo se sitúen al borde de la bancarrota. Ya sé que en el plano ideológico esto suena a las antípodas del gobierno actual, pero la realidad manda. Sin duda, el saneamiento de las mismas requerirá de fondos públicos, pero, en el medio plazo, tras el cambio de ciclo será factible recuperar los recursos anticipados con la venta de los activos saneados; un compromiso en esa dirección contribuiría a generar confianza entre los ciudadanos y en los mercados, actuando eso sí con la suficiente cautela como para no alterar los equilibrios financieros (déficit) del Estado de forma ostensible, dada la situación que atravesamos. 

Pero, en última instancia, si como parece estamos ante un círculo casi cerrado de endeudamiento, insolvencia, endeudamiento del sistema financiero español, que significa la parálisis del sistema económica, tanto por el lado de la demanda como por el de la oferta, la ruptura del mismo está en el ámbito de la cooperación europea. En Europa está el problema, el euro, pero también ahí está la solución, la cooperación financiera y la coordinación fiscal. Sobre esto ya he hablado en anteriores artículos en esta revista y volveremos también en ulteriores ocasiones.

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