jueves, 17 de enero de 2013

Esto sí que es "riesgo moral"

Santos M. Ruesga y José Manuel Lasierra - Augusto Plató

En los últimos años se ha puesto muy en boga, en los ámbitos económicos, el concepto de “riesgo moral”. El término parece que tiene su origen en el siglo XVII cuando los banqueros comienzan a utilizarlo con cierta frecuencia. En el sector financiero hace referencia a, en palabras de Paul Krugman (El retorno de la economía de la depresión y la crisis actual), “cualquier situación donde una persona decide cuánto riesgo tomar mientras que alguien más paga el coste si las cosas salen mal”. Lo que trasladado al ámbito financiero más inmediato, se ha materializado en la crisis que estamos padeciendo. Recuerden cómo una serie de ejecutivos del club de la “ingeniería financiera” asumieron unas dosis importantes de “riesgo moral”, con los productos financieros construidos a partir de las denominada hipotecas “subprimes” de Estados Unidos, que dieron lugar a CDO’s u otras sofisticaciones que acabaron engrosando el activo de múltiples entidades a lo largo y ancho de todo el planeta, y, en última instancia, de inversores individuales o colectivos, para acabar dando pie a quiebras encadenadas que abrieron paso a la mayor recesión económica mundial conocida. Y todo ello sin que los artífices de tal asunción de riesgo hayan pagado prácticamente nada (no solo en términos monetarios) por el irresponsable y oneroso riesgo asumido. Los efectos de tal grado de amoralidad en la asunción de riesgos se están trasladando en unos casos a clientes y socios corporativos de las entidades financieras y, en otros, como es el caso español, al conjunto de los ciudadanos al asumir el Estado, por decisión de sucesivos y diferentes gobiernos, las lacras de tal proceder. Y, por supuesto, de manera más generalizada a todos los ciudadanos, que de un modo u otro estamos pagando el coste de la crisis en la que degeneraron tales prácticas de “riesgo moral”. 

El tópico paradigma aplicado a las entidades financieras, que son demasiado grandes como para quebrar -lo llevaría consigo un elevado riesgo sistémico para el conjunto de la economía nacional-, es la base para justificar la presencia de tales actitudes por parte de los gestores financieros, actitudes típicas de lo se ha definido como “riesgo moral”. Y tal concepto está sirviendo de justificación para múltiples actitudes y comportamientos, no sólo en el plano individual sino también en el de las relaciones entre los Estados. Véanse sino los numerosos comentarios de políticos europeos de toda índole, particularmente de origen alemán, quienes vienen justificando sus reticencias sobre la aplicación de programas de rescate a la endeudada economía pública griega, con comentarios que explotan hasta la saciedad el “ riesgo moral” en el que la parecer habrían incurrido los ciudadanos griegos, atribuyendo a sucesivos gobiernos helenos la asunción de un elevado riesgo, con un estado embarcado en un elevado nivel de endeudamiento en el que ha incurrido en los años de crecimiento, cuando accedían a empréstitos con un gran alegría para gastarlos con mayor alegría aún, se dice, interpretando que dichos gobiernos no asumían ningún coste por dichos comportamientos, costes que se trasladarían ahora al resto de los europeos si se otorgaran rescates generosos a la economía griega. Parece entenderse así que de no poner coto a esas irresponsables comportamientos de la clase política griega, penalizando con durísimos programas de ajuste a toda la población, se podría producir contagio a otros espacios o tiempos de tales comportamientos. 


Ahora bien, lo que es “incuestionable”, con notable carga de cinismo, en la arena de la política comunitaria, no reza para el hogar propio. En un terreno más individual, en el del comportamiento de los sujetos responsables de la toma de decisiones en diferentes ámbitos, que, sin duda, han incidido de forma destacada en los primeros estadios de la crisis económica y, posteriormente, en su propagación, nos encontramos multitud de ejemplos de “riesgo moral” que no parecen dar pie a reacciones protectoras frente a sus efectos. Hablamos de responsables de importantes desaguisados en el sistema financiero que saldrán de esta situación sin coste alguno por sus actuaciones, lo que sugiere que están en perfectas condiciones para repetir sus arriesgadas decisiones en el futuro y que se generalice un clima, en determinados ámbitos de la responsabilidad pública y económica, de impunidad absoluta. 

Trasladados al territorio español, veamos tres ejemplos recientes y paradigmáticos. Primer episodio. Al menos en el ámbito de la opinión pública parece haberse llegado a la conclusión de que la gestión en Bankia, desde las iniciales Cajas de Ahorros que conforman el actual conglomerado, hasta la gestión conjunta del mismo, ha sido un cúmulo de desaciertos, errores y dejaciones que ha llevado esta entidad al borde de la suspensión de pagos, lo que no ha ocurrido hasta la fecha gracias a la aportación de recursos por parte del erario público (poniendo recursos que están cercanos a los 30.000 millones de euros, es decir un 3% el Producto Interno Bruto España). El “riesgo moral” que implica la gestión llevada a cabo en esta entidad financiera se materializa en dos aspectos singulares: a) las retribuciones que unos y otros gestores de las antiguas cajas y de la nueva entidad bancaria han obtenido en los últimos años un por realizar una gestión manifiestamente mejorable sin que haya puesto nadie coto a las mismas. Resulta curioso observar que si alguien va a pagar los efectos financieros de las malas prácticas gerenciales no van a ser los gestores, salvo mejor decisión judicial de por medio, sino los antiguos y los nuevos accionistas de estas entidades así como el conjunto de los ciudadanos españoles, a través de las aportaciones del presupuesto España. Y b) no solamente no se penaliza a los gestores, sino que al máximo gestor de un los últimos desastres de esta entidad (una salida a Bolsa que más parece una película de Woody Allen que una operación financiera mínimamente planificada) se le premia ahora con un puesto de responsabilidad elevado y, se entiende bien retribuido, en una empresa española multinacional en cuya originaria internacionalización, no muy lejana, se otea una privatización dictaminada por el citado gestor, entonces Vicepresidente económico del gobierno de turno. No es por tanto una cuestión que atañe a tan sólo a negocios privados, y que, por tanto, el “riesgo moral” en el que se ha incurrido se circunscriba tan solo al ámbito de las utilidades entre inversores particulares. Se trata de entidades públicas, en las cuales el nombramiento de los gestores no deja de ser una decisión política, sea en una caja de ahorros o en una antigua empresa pública cuyos gestores actuales premian a aquellos que en su día la privatizaron. 

Segundo episodio. Leemos estos días en la prensa que la entidad sindical de los inspectores del Banco de España denuncia de forma contundente y reiterada que las autoridades hicieron oídos sordos cuando hace algunos años dichos inspectores pusieron de manifiesto no sólo irregularidades en la asunción de riesgos excesivos en el sector inmobiliario sino incluso conductas delictivas en la gestión de las cajas de ahorros. De aquellos lodos vienen estos barros y la grave situación en la que dejó hacer el Banco de España a muchas de estas entidades para ejecutar los desmanes que les parecieron oportunos, arribando a un paso al borde de la quiebra de muchas de ellas y abierto el camino hacia lo que en otro artículo he denominado como la mayor privatización de la historia de España, la conversión de las cajas de ahorros en bancos que a no mucho andar estarán en manos de accionistas privados. Y se hizo con importantes aportaciones de recursos públicos de por medio. Hasta la fecha no hemos visto que el gestor máximo de la entidad en el periodo más crítico del crack de las cajas de ahorros se haya visto sometido a ninguna exigencia de responsabilidad en ninguno de los planos posibles (penal, económica o incluso política). En las escasas ocasiones en las que he can parecido ante el parlamento español no hemos podido apreciar que el órgano máximo de la soberanía popular española haya exigido responsabilidad alguna al gobernador del banco de España durante ese periodo. No vale ya las tímidas declaraciones de su sucesor poniendo de manifiesto la enorme dejación de funciones que el banco central de nuestro país ha hecho gala en, al menos, el último lustro. 

Y tercer episodio. En esta batalla ideológica en la que algunos ilustres políticos -remedando antiguos discursos provenientes de más allá del Atlántico en (léase Estados Unidos o el Reino Unido), en los que lo público resulta por definición ineficiente y lo privado, también por definición, eficiente- se han enzarzado en una carrera sin fin por transferir a la gestión privada determinados servicios que históricamente habían estado en el ámbito de la gestión pública, tal cual es el caso de la sanidad que gestiona el sistema nacional de salud, es a través de sus distintas variantes autonómicas. Algunas experiencias pioneras de trasvase a la gestión privada de hospitales públicos, tal cual es el caso del hospital de Alzira, en la Comunidad Valenciana-por otro lado tan parca en buenos ejemplos de gestión pública y tan abundante en casos de corrupción a lo largo y ancho de su geografía-, han concluido en un estrepitoso fracaso cubierto, como no, con cargo al erario público. De este modo la “eficiente” gestión privada llevada a cabo obtiene su “recompensa mercantil”, ¡cómo no!, de las arcas autonómicas. Pues bien, el resultado es de una actuación en la que se supone unas empresas privadas asumían el riesgo de la gestión de estos hospitales, que se salda con un balance negativo, no lleva a la asunción de ningún tipo de coste por parte de dichas empresas fracasadas en su gestión. Caso típico de riesgo moral. También aquí se va un poco más allá, y tras esta actuación las empresas que manifestar su incompetencia y la gestión recibieron presión premia adicional, otorgándoseles la gestión de otros hospitales públicos en la comunidad de Madrid. El concepto de “riesgo moral” ha cubierto perfectamente su ciclo. Resultará difícil -de mantenerse estas actitudes políticas que lastran que no sólo lastran la gestión del sector público acudiendo a “eficiencia gerenciales” no demostradas más que en la mente de algunos ideólogos trasnochados- que se recupere la confianza de los ciudadanos españoles y particularmente del extenso tejido empresarial que mi práctica ni tienen acceso a comportamientos de “riesgo moral”, a tenor de las declaraciones de nuestros propios responsables políticos, tan necesaria para iniciar, no se sabe cuándo, una senda de recuperación ante los avatares de la crisis económica que estamos padeciendo.
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