José Luis Moreneo (catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Granada) y Santos M. Ruesga (catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid)
Versión ampliada del artículo publicado en El País (29 de noviembre de 2013)
“Verdaderamente, vivo [vivimos] en tiempos sombríos”
Bertolt Brecht, “A los hombres futuros”
Si veis volar en círculo un grupo de aves carroñeras, trazad una línea vertical desde el centro geométrico y en el suelo encontraréis o el cadáver o el animal moribundo. Leyendo la prensa estos días hemos trazado esa línea para encontrarnos con la descomposición orgánica generada por la reforma en curso de nuestro sistema público de pensiones. El vuelo intenso de compañías aseguradoras y entidades bancarias a la caza de ahorradores, con ofertas variadas de productos financieros para colocar el resultado del miedo a la caída de las pensiones públicas, nos indica la cercanía del sujeto moribundo: la cuantía de éstas. Captar ahorro, en suma, a través productos ilíquidos a treinta o más años, con unos costes de gestión desconocidos, por elevados, en todo el sistema financiero o asegurador. Alimento sin límite y con alto rendimiento financiero para los gestores, y contando, además, con suculentas subvenciones fiscales (gasto público fiscal selectivo).
Para lo cual se requiere de la generalización del miedo a la pérdida de una pensión pública decente que ponga a una parte (los que puedan) de los futuros pensionistas ante el abismo de una vejez sin recursos y acudan en masa a garantizarse una “pensión complementaria”. Y junto a ello, la pérdida de confianza de los ciudadanos (ideológicamente inducida) respecto a la viabilidad del sistema de pensiones. Porque ese y no otro es el discurso que subyace a la filosofía con la que se aborda esta reforma. Socavar y alterar el modelo financiero de reparto, que había asegurado hasta la fecha pensiones suficientes con criterio redistributivo; sistema vigente desde hace décadas con gran capacidad de autorregulación y adaptación a los cambios económicos y demográficos a los que ha tenido que hacer frente.
Y es que ya lo decía abiertamente un experto en la materia hace tan sólo unos meses: “cuando hablamos de integración entre pensiones privadas, las pensiones públicas, en realidad en seguida nos apresuramos a decir que el principio es el de complementariedad, el de voluntariedad, no estamos siendo honestos…/ Cuando hablamos de las pensiones complementarias o de las pensiones privadas, todavía seguimos centrándonos en elementos que, quizá con el afán de no hacer daño, de no molestar excesivamente, son muy secundarios, cuando lo que necesitamos desesperadamente es que las pensiones públicas se replieguen, se replieguen de una o de otra manera” para ampliar el espacio atribuido a las pensiones privadas (José Antonio Herce, 2012). Y, siguiendo está lógica, con la actual reforma en ciernes la pensiones públicas, sin duda, se replegarán, configurándose como pensiones mínimas y de baja calidad (rentas de sustitución muy alejadas del promedio de las rentas percibidas en la vida activa).
