Domingo Carbajo Vasco, Inspector de Hacienda y Santos M. Ruesga, catedrático Economía Aplicada, Universidad Autónoma de Madrid
(publicado en La Verdad, el 16 de febrero de 2014)
En las últimas semanas hemos asistido, con cierta indiferencia, al lanzamiento por parte del Gobierno de varias cortinas de humo relativas al contenido de la Reforma Fiscal que, preparada por una Comisión dirigida por el profesor Manuel Lagares, va a diseñar el nuevo sistema tributario español.
En principio, trataron de convencernos de que lo “ideal” sería minorar algo la carga tributaria que recae, sustancialmente, sobre las rentas del trabajo en el IRPF, a cambio de un nuevo incremento en la alícuota estándar del IVA, que pasaría del 21 al 23%, junto con simultáneos aumentos de las tasas reducidas y súper reducidas de este gravamen.
Es evidente que tal propuesta (aunque mucho nos tememos, acabe pronto en realidad) fue objeto de feroces críticas; no sólo porque la mencionada reducción no era sino un retorno a la situación de 2011, sino que, como la realidad ha demostrado, aumentos sucesivos en las tasas del IVA no hacen sido reducir el famélico consumo interno español, agostado por la crisis.
Por otra parte, la experiencia de los últimos años no hace sino reflejar la cruda realidad de una típica crisis fiscal del Estado Español: la caída en la actividad económica se ha traducido en una profunda disminución en los ingresos públicos, apenas paliada por aumentos en las tasas y reducciones en los beneficios fiscales, los cuales se han traducido en recaudaciones menores de las esperadas, demostrando que nuestro sistema tributario está agotado y que ya los errores de la Política Fiscal anticrisis de los gobiernos de Zapatero, desde el absurdo de los 400 euros hasta el desastre de centrar la recaudación en una actividad inmobiliaria, cuando menos volátil, pasando por la eliminación del Impuesto sobre el Patrimonio, han dejado el pretendido “sistema” tributario español hecho unos zorros y exangües las arcas públicas.
Por ello, es hora de dejar en un segundo plano las modificaciones en tipos, beneficios fiscales y alteraciones de la estructura impositiva, sin negar la importancia de que la Reforma Fiscal incida también en estos parámetros del sistema, y volver los ojos hacia el problema fundamental y básico del mismo: la falta de generalidad, el hecho incontestable de que muchas capacidades económicas no contribuyen, vía evasión, fraude o, en el caso de las grandes empresas y elevados patrimonios, mediante sofisticadas fórmulas de planificación fiscal agresiva, a la satisfacción de los gastos públicos, como exige el artículo 31.1 de la Constitución Española.
En ese sentido, lograr que los importantes recursos ocultados por la economía ilegal (narcotráfico, prostitución, contrabando y blanqueo de capitales) y la economía sumergida (con sus corolarios de comisiones ilegales, corrupción, etc.) contribuyan al Fisco, es una prioridad y lo es tanto por razones recaudatorias como económicas y de carácter social, pues estas modalidades de economía ilícita dañan los fundamentos del Estado Social y democrático de Derecho, generan marginación, desigualdad, empleo ilegal, explotación de las mujeres y todo tipo de actividades delictivas.
Ahora bien, eliminar tales actividades asociales no conlleva ni debe consistir exclusivamente en plantear nuevas medidas represoras y punitivas. No tiene sentido, como la experiencia ha demostrado, tratar de terminar con el narcotráfico con más prohibiciones y más medios policiales, sino que es preciso, asimismo, incorporar disposiciones incentivadoras y de regulación, las conocidas en la doctrina anglosajona como “command and control measures”, por ejemplo, legalizar la producción y el comercio de determinadas drogas blandas, con el subsiguiente control fiscal y aumento de recaudación.
Por el lado de la economía sumergida, que puede suponer entre el 22 y el 28% del PIB español (según concluimos en un estudio que recientemente hemos realizado ambos), también hay que introducir incentivos al afloramiento de la actividad e instrumentos que hagan menos beneficiosa la ocultación, en especial, la generalización de los medios electrónicos de pago, mayores restricciones a los pagos en efectivo y la supresión de los billetes de 200 a 500 euros; incluso la deducción en el IRPF de los pagos por servicio doméstico puede explorarse como vehículo para el afloramiento de trabajo oculto en este sector laboral, aunque manifestamos, “a priori”, nuestro escepticismo al respecto.
En suma, es tiempo de plantearse un nuevo sistema fiscal español, pero lo primordial a discutir no debe ser su estructura jurídica, sino su aplicación y su generalidad. Sin lograr que “Todos” contribuyamos al gasto público, la próxima Reforma Tributaria, por muy bien que se construya, técnicamente hablando, se sustentará sobre tierra mojada.
