El anterior modelo productivo ha desembocado en el empeoramiento de las perspectivas de los jóvenes sobre el mercado de trabajo. La reducción del coste de oportunidad entre adquirir formación educativa o acceder al mercado laboral se vio reducida en la etapa de crecimiento -ante la demanda de trabajadores de baja cualificación-, empeorando los niveles de formación y polivalencia de aquellos que decidían abandonar sus estudios e incorporarse al mercado laboral, incrementando el riesgo de no poder recolocarse en otros sectores al comenzar la crisis. El posterior estallido de la burbuja inmobiliaria y el derrumbe de la construcción, sector que ha aportado cerca de un cuarto del crecimiento económico en la fase expansiva, han hecho el resto.
Ante esta situación la población juvenil española se enfrenta a dos posibles disyuntivas, aparentemente razonables, que pueden ser adoptadas tanto de forma individual como simultánea:
1. Mejorar su nivel educativo para poder incrementar las posibilidades de acceder a un puesto de trabajo
2. Emigrar a aquellas zonas donde el empleo no haya sufrido un deterioro tan acusado como en España
El análisis de la población activa muestra que la primera opción, la mejora del nivel educativo, está siendo una alternativa real para los jóvenes, aumentando el peso de los activos juveniles con estudios universitarios en un 0,7 por ciento desde el comienzo de la crisis (periodo comprendido entre el cuarto trimestre de 2007 y el segundo trimestre de 2011), observándose un incremento de cuatro mil personas en posesión de estudios de máster o doctorado, descendiendo el resto de niveles. Asimismo, el número de matriculados, tanto en enseñanzas universitarias como no universitarias, avanza de forma positiva, con un incremento del 4 y 5 por ciento respectivamente desde el curso 2007/2008 al 2009/2010, después de la caída de alumnado experimentada en la fase expansiva del crecimiento, indicando el cambio de tendencia en cuanto a la mejora cualitativa de las nuevas ofertas de empleo en España.
En efecto, esta mejora del nivel educativo de la oferta laboral juvenil obtiene respuesta por parte de la demanda, aumentando el peso de los ocupados con formación profesional, universitaria y estudios de postgrado sobre la ocupación total -con un incremento en el peso total de la demanda del 0,61, 2,68 y 0,31 por ciento de forma respectiva- tras el comienzo de la crisis. Sin embargo, este cambio en la estructura de la demanda de empleo para los menores de 25 años no viene seguida de la creación de puestos de trabajo, observándose un descenso del 46,1 por ciento en la ocupación total, siendo insuficiente para absorber el incremento de la población activa juvenil, haciendo que el acceso al mercado sea mucho más difícil que hasta hace tres años. Este hecho da pie a que sea la segunda opción, la emigración, la otra alternativa factible para poder ocupar un puesto de trabajo.
La emigración se está convirtiendo en el segundo recurso al que acuden los jóvenes españoles más formados ante las escasas oportunidades que les ofrece el mercado laboral en España. Los datos reflejan que el incremento del número de residentes españoles en el extranjero menores de 25 años se ha incrementado en un 17,7 por ciento en los últimos dos años, equivaliendo a un aumento de 27.872 personas, superando esta cifra en 2 puntos porcentuales a la variación total del número de residentes nacionales en el exterior para el mismo periodo.
La salida de población activa joven implica para el mercado laboral la pérdida de un recurso necesario para poder afrontar, no solo la recuperación, sino el futuro económico. La pérdida de trabajadores jóvenes supone para España un sobrecoste adicional. El país no sólo pierde un recurso que permite renovar los flujos laborales -algo esencial ante una economía que poco a poco envejece- permitiendo sostener la actividad del mercado laboral, sino que pierde una generación de trabajadores que ha mejorado su nivel educativo, habiendo invertido el país en este proceso, en detrimento de sus competidores, algo que afectará al desarrollo competitivo de la economía dificultando el cambio de modelo económico.
Ante esta situación urge la necesidad de mejorar los niveles de empleo y reducir la precarización laboral. Se ha de mejorar el proceso de transición entre la finalización del periodo educativo y la incorporación a la actividad laboral, evitando que el recurso más usado para ello sea la temporalidad. Se ha de potenciar la mejora del nivel de formación específica de los futuros trabajadores, incrementando su nivel de experiencia laboral, ajustando los conocimientos a las necesidades en la empresa. Se han de generar puestos de trabajo acordes a las nuevas características de la oferta laboral, cuya tendencia es a mejorar su grado de cualificación, ajustando para ello la estructura de la demanda y, por tanto, dando lugar al cambio de modelo económico, apoyado en el desarrollo de la competitividad. Lo que sin duda exige un cambio profundo en la estructura de nuestro tejido productivo.
En definitiva, mejorar la situación de los jóvenes ante el empleo significa potenciar resortes clave para un futuro mejor para el conjunto de nuestra economía y nuestra sociedad. A tiempo estamos aún.
Santos M- Ruesga - Augusto Plató (publicado en Diario Progresista, 26/09/2011)
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